La Fiscalía general de Nueva York demandó ayer a la empresa matriz de la plataforma de pagos Zelle, meses después de que la Oficina Federal para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB) abandonara un caso similar mientras el nuevo gobierno de Donald Trump desmantelaba la agencia.
- A principios de este año, la CFPB desestimó un caso similar después de que Trump despidiera al director de la agencia y su administración detuviera casi todo el trabajo, cerrara su sede y despidiera a muchos de sus empleados.
- El usuario transfirió aproximadamente $1,500 dólares a una cuenta de Zelle llamada “Coned Billing” y luego se dio cuenta de que había sido estafado, pero su banco le informó que no podría recuperar su dinero, según la fiscalía.
La fiscal general demócrata Letitia James demandó a Early Warning Services en un tribunal estatal de Nueva York, alegando que la empresa, propiedad de un grupo de bancos estadounidenses, no había protegido a los usuarios del fraude al no incluir funciones de seguridad críticas en el diseño de Zelle.
A principios de este año, la CFPB desestimó un caso similar después de que Trump despidiera al director de la agencia y su administración detuviera casi todo el trabajo, cerrara su sede y despidiera a muchos de sus empleados.
En un comunicado, la Fiscalía general de Nueva York señaló que su demanda se presentó después de que la CFPB abandonara su demanda tras un “cambio en la administración federal”. “Nadie debería quedar abandonado a su suerte tras ser víctima de una estafa”, declaró James. “Espero que se haga justicia a los neoyorquinos que sufrieron las fallas de seguridad de Zelle”.
James ha sido una de las principales antagonistas del republicano Trump y lo ha demandado decenas de veces. La semana pasada el Departamento de Justicia (DOJ) citó a James como parte de una investigación sobre si violó los derechos civiles de Trump al procesarlo.
El caso de James contra Early Warning Services alegó que Zelle, que permite a los usuarios enviar y recibir transferencias de dinero casi instantáneas, no incluía procesos de verificación adecuados. Su oficina afirmó que los estafadores pudieron acceder a las cuentas de los usuarios o engañarlos para que enviaran dinero a cuentas falsas que se hacían pasar por empresas oficiales.
En un caso citado por la fiscalía general, un usuario de Zelle recibió una llamada de alguien que se hizo pasar por un empleado de la empresa de servicios públicos Con Edison y le informó que le cortarían la electricidad a menos que les enviara dinero a través de Zelle.
El usuario transfirió aproximadamente $1,500 dólares a una cuenta de Zelle llamada “Coned Billing” y luego se dio cuenta de que había sido estafado, pero su banco le informó que no podría recuperar su dinero, según la fiscalía.
En un comunicado emitido a través de un portavoz, Zelle calificó la demanda de James como “una maniobra política para generar publicidad, no progreso”. “La Fiscal General debería centrarse en los hechos contundentes, en detener la actividad delictiva y en el cumplimiento de la ley, no en extralimitaciones y acusaciones sin fundamento”, agregó el comunicado.
En febrero Pam Bondi, la entonces nueva fiscal general de Estados Unidos nombrada por Trump, aprovechó su primera conferencia de prensa oficial para anunciar una demanda al estado Nueva York, así como a la gobernadora Kathy Hochul, la fiscal general estatal ames y Marc Schroeder -comisionado del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del estado-, alegando que sus políticas limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración.
Imagen: DiarioNY
