El Gobierno de Estados Unidos anunció cambios en el proceso para obtener la ciudadanía estadounidense, al instruir a los funcionarios a examinar con mayor rigor el cumplimiento del requisito de «buen carácter moral» en las solicitudes de naturalización.
La medida, divulgada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), amplía los criterios de evaluación y forma parte de los esfuerzos del Ejecutivo para restringir el acceso a beneficios migratorios legales.
La nueva directiva, emitida detalla que la evaluación del “buen carácter moral” debe incluir un análisis más amplio que detecte no solo la ausencia de conductas delictivas estipuladas en la ley migratoria, sino también otros comportamientos y condiciones.
“Debe ser una evaluación integral del comportamiento de la persona, su adhesión a las normas sociales y su aportación positiva a la comunidad que demuestren afirmativamente el buen carácter moral”, instruye el memorando enviado a los oficiales.
Qué es la evaluación de buen carácter moral
El requisito de buen carácter moral ha estado presente en la legislación migratoria estadounidense durante décadas. Habitualmente, quienes solicitan la ciudadanía no deben haber incurrido en delitos graves ni en conductas descalificadoras, en una lista que abarca desde homicidios hasta delitos de drogas o casos en que una persona ha sido calificada como «bebedor habitual“.
Habitualmente, tras permanecer de tres a cinco años como residentes legales permanentes, los inmigrantes pueden solicitar la naturalización, siempre que cumplan el resto de los requisitos, como aprobar los exámenes de inglés y civismo.
Con el nuevo enfoque, sin embargo, el USCIS exige a sus funcionarios dejar de lado revisiones meramente mecánicas, promoviendo un análisis que también valore los aspectos positivos del solicitante.
La directriz indica que el personal deberá dar “mayor importancia” a factores como la participación en la comunidad, el cuidado familiar, los vínculos familiares en Estados Unidos, el nivel educativo, el empleo estable y legal, la duración de la residencia en el país y el cumplimiento con la declaración y el pago de impuestos.
Por otra parte, la agencia ordena un escrutinio más intenso de factores que puedan poner en duda el buen carácter moral, más allá de lo que establece la ley. Esto incluye acciones que, aunque técnicas y legalmente no constituyen delitos, pueden considerarse contrarias a la responsabilidad cívica en la comunidad, entre ellas “infracciones de tráfico recurrentes o imprudentes, acoso o solicitudes agresivas”, como señala la política.
El texto también prevé que se valoren indicios de rehabilitación en aquellas personas que hayan tenido algún historial negativo. Entre los elementos que podrán considerarse están la finalización de períodos de libertad condicional, el pago de impuestos atrasados o de manutención infantil y la presentación de cartas de apoyo de la comunidad.
Cada año, el Gobierno federal ha naturalizado entre 600,000 y 1 millón de inmigrantes, según cifras del propio USCIS.
El portavoz principal del USCIS, Matthew Tragesser, justificó la política como un avance en los esfuerzos para preservar el prestigio de la nacionalidad estadounidense. “La ciudadanía estadounidense es el estándar de oro de la ciudadanía; solo debe ofrecerse a los mejores del mundo”, afirmó Tragesser.
“Hoy, el USCIS incorpora un nuevo elemento al proceso de naturalización que garantiza que los nuevos ciudadanos de Estados Unidos no solo abracen la cultura, historia e idioma del país, sino que también demuestren Buen Carácter Moral”.
La decisión ha generado críticas entre especialistas y exfuncionarios del propio servicio de migración. Doug Rand, antiguo alto funcionario del USCIS durante el mandato de Biden, consideró que la política busca desincentivar a migrantes legales de solicitar la ciudadanía y facilitar las negativas a las solicitudes.
“Están intentando ampliar los motivos de denegación al redefinir el buen carácter moral para incluir comportamientos que no revisten gravedad, como las infracciones de tráfico”, señaló Rand.
La disposición se suma a una serie de restricciones promovidas por el Gobierno de Estados Unidos en materia migratoria que, además de una política visible de control a la inmigración indocumentada, también ha dificultado la inmigración legal.
Entre estas medidas figuran la reducción de admisión de refugiados, la eliminación de programas creados en la administración anterior que permitía la entrada regular de migrantes, limitaciones a visados en ciertos países y evaluaciones más estrictas, que incluyen el análisis extendido de la actividad en redes sociales de los solicitantes.
