La nueva ley en Florida, conocida como Ley SB-2, establece sanciones penales más severas para las personas que se encuentren en Estados Unidos sin estatus legal y sean condenadas por delitos dentro del estado. Las medidas incluyen penas más altas para delitos menores y la imposición obligatoria de la pena de muerte en casos de asesinato en primer grado.
La ley, impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis, forma parte de un esfuerzo estatal para incrementar las sanciones contra la inmigración irregular. “Florida será un estado más seguro”, afirmó DeSantis, señalando que las disposiciones pueden servir de modelo para otras jurisdicciones en el país.
Una de las principales modificaciones es el aumento de la categoría penal de ciertos delitos cuando el acusado no tiene estatus legal en EE.UU. Mientras que el hurto menor en Florida puede castigarse con hasta un año de cárcel y una multa de 1,000 dólares. Para la mayoría de los residentes, un inmigrante en situación irregular enfrentará hasta cinco años de prisión y una multa de 5,000 dólares por el mismo delito.
¿En qué consiste la pena de muerte obligatoria en Florida?
El estatuto también contempla la aplicación obligatoria de la pena de muerte en casos de asesinato en primer grado. Eliminando la discrecionalidad judicial en este tipo de sentencias para acusados sin estatus migratorio regular. Sin embargo, expertos legales cuestionan la constitucionalidad de esta medida. Kara Gross, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), declaró que existe “precedente legal que establece que las leyes de pena de muerte obligatoria son inconstitucionales”.
La Corte Suprema de EE.UU. en 1976 dictaminó en un caso contra Carolina del Norte que las sentencias de muerte automáticas violaban la Octava Enmienda, que prohíbe castigos crueles e inusuales. Pese a esto, el senador estatal republicano Randy Fine, coautor de la legislación, declaró que espera que la Corte Suprema reconsidere su postura tras casi cinco décadas desde aquella decisión.
¿Cómo afectan estas medidas a los delitos menores?
En 2024, DeSantis ya había promulgado una norma que aumentaba las penas para quienes cometieran delitos estatales. Tras haber sido previamente deportados y condenados por reingreso ilegal bajo la ley federal. Esta ley incrementa la gravedad de las condenas en un nivel, elevando, por ejemplo, un delito de tercer grado—castigado con hasta cinco años de prisión— a un delito de segundo grado, con penas de hasta 15 años de cárcel y multas de 10,000 dólares.
El nuevo paquete legislativo amplía ese criterio y aplica aumentos en las penas a todos los acusados sin estatus migratorio regular, sin necesidad de que hayan sido deportados anteriormente. En ese sentido, el profesor de derecho César Cuauhtémoc García Hernández, de la Universidad Estatal de Ohio, dijo que la ley podría enfrentar desafíos legales bajo la Cláusula de Igual Protección de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de EE.UU. En un fallo de 1982, la Corte Suprema determinó que Texas no demostró un interés estatal convincente para excluir de la financiación escolar a niños sin estatus migratorio regular.
¿Qué papel juegan las fuerzas del orden en la aplicación de estas leyes?
Los 67 alguaciles de Florida han acordado cooperar plenamente con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) para hacer cumplir las leyes migratorias estatales. Además de Florida, otros estados están considerando medidas similares. Según legislaturas en Alabama, Idaho, Indiana, Minnesota, Carolina del Sur y Texas han propuesto aumentos en las penas para delitos cometidos por personas en el país sin estatus legal.
En Texas, el senador estatal Pete Flores presentó un proyecto de ley que eleva en un nivel la clasificación penal de la mayoría de los delitos cometidos por inmigrantes sin documentos, citando razones de seguridad pública. Por su parte, Utah ha aprobado en el Senado una iniciativa más específica que impone penas de cárcel obligatorias para reincidentes en delitos de robo y narcotráfico, sin opción de liberación anticipada.
Reacciones y posibles desafíos legales
Las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han expresado su rechazo a la nueva legislación en Florida. La ACLU de Florida sostuvo que la ley podría violar el principio de igual protección ante la ley, consagrado en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de EE.UU.. Expertos advierten que la medida podría ser impugnada en los tribunales federales, lo que podría llevar a un largo proceso legal.
Además, algunos líderes empresariales han manifestado preocupación por el impacto de la legislación en sectores como la agricultura, la construcción y la hostelería. Donde una parte significativa de la mano de obra proviene de trabajadores inmigrantes. Según varios empleadores han advertido que la aplicación estricta de estas sanciones podría afectar la disponibilidad de empleados en industrias clave para la economía del estado.
Imagen: Infobae
