Se cumple oficialmente el período más largo de cierre del gobierno federal en la historia de Estados Unidos. Cientos de miles de trabajadores federales–alrededor del 10% de ellos latinos y un 30% veteranos–no están recibiendo sus cheques. Familias en todo el país están siendo obligadas a elegir entre pagar la comida, la renta o la atención médica. La verdad es esta: el presidente Trump y sus aliados en el Congreso están infligiendo este dolor porque prefieren cerrar el gobierno antes que enfrentar una inminente crisis de salud que disparará los costos para más de 170 millones de personas en este país.
Se trata de una crisis creada por esta administración.
Y era completamente evitable. ¿La razón? Trump y el Congreso están a punto de dejar expirar un programa de financiamiento clave para la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), las extensiones de créditos fiscales. Sin esa fuente de financiamiento, las primas que pagan los usuarios de su bolsillo se duplicarán para 22 millones de personas–y 4.2 millones perderán su cobertura por completo.
Todos pagaremos más por atención médica si desaparecen los créditos de la ACA.
A medida que millones pierdan su seguro, hospitales y clínicas se verán obligados a asumir miles de millones en costos de atención no pagada, elevando las primas para todos, ya sea que estén asegurados a través de su empleo o de la ACA.
Sumado a los recortes de Medicaid aprobados por los republicanos este mismo año, 179 millones de personas con seguro médico a través de su empleador podrían ver sus costos incrementarse hasta $485 dólares por persona al año?o casi $2,000 más para una familia de cuatro. Padres que tendrán que posponer chequeos para sus hijos. Personas con enfermedades crónicas enfrentando decisiones imposibles: ¿comprar insulina o pagar la renta?, ¿iniciar quimioterapia o pagar la luz? Un accidente inesperado podría dejar a una familia sin poder cubrir la hipoteca o incluso comprar comida.
Para la comunidad latina, un aumento en los costos de salud no es solo humo–es un incendio de cinco alarmas. Los hispanos ya lideran la tasa de personas no aseguradas de cualquier grupo racial o étnico en Estados Unidos.
Afortunadamente, desde la implementación de la ACA, el número de latinos sin seguro ha disminuido casi cada año–del 32.6% en 2010 a un estimado 17% en 2024. Ese progreso se debe, en gran medida, al financiamiento adicional aprobado en 2021, incluidos los créditos fiscales que hoy están en riesgo. Si no se renuevan, esos avances podrían desvanecerse casi por completo. Sin los créditos, la tasa de latinos sin cobertura podría aumentar en 15 puntos. Un estudio estima que hasta 1.3 millones de hispanos perderían su seguro.
Incluso aquellos que logren conservar su cobertura enfrentarán mayores costos si los créditos no se extienden. Ese financiamiento aprobado en 2021 permitió que millones de familias latinas trabajadoras y de clase media vieran el precio de sus primas reducidas o eliminadas. El 80% de los adultos latinos sin seguro pudieron encontrar un plan por menos de $50 al mes, y el 69% pudo obtener uno gratis. Pero sin los créditos fiscales, esas primas podrían duplicarse.
Y esas mismas familias podrían verse obligadas a pagar cientos o miles de dólares más cada mes.
Las familias latinas ya están luchando para llegar a fin de mes, con salarios que siguen siendo los más bajos entre todos los grupos raciales y étnicos. Una encuesta reciente de CBS reveló que dos tercios de los latinos tienen una opinión negativa de la economía nacional, mientras sus presupuestos se ven comprimidos por el aumento en los precios de alimentos, vivienda, electricidad y gasolina. Y la administración Trump se niega a ofrecer alivio. Lo último que estas familias trabajadoras necesitan es que los políticos de Washington les aumenten el costo del seguro médico.
El mensaje del movimiento laboral para el presidente y sus aliados en el Congreso es simple: solucionen la crisis de salud, financien al gobierno y pongan primero a las familias trabajadoras.
(*) Fred Redmond es secretario-tesorero de la AFL-CIO, la federación sindical más grande del país, que representa a 63 sindicatos y cerca de 15 millones de trabajadores.
Imagen: Opinion
