Un proyecto legislativo en Florida busca otorgar a los desarrolladores más tiempo para adaptarse a nuevas normativas de reconstrucción tras el impacto de huracanes, algo que podría retrasar medidas destinadas a fortalecer la protección de las viviendas de los residentes.
- La iniciativa está diseñada para simplificar los procesos de permisos de construcción luego de desastres, además de mejorar la planificación de emergencias, la coordinación de recursos y la transparencia financiera.
- Un estado vulnerable
- Por su parte, el presidente del Senado de Florida, Ben Albritton, destacó los avances del estado en la gestión de desastres: “Florida ha establecido un estándar alto como modelo de respuesta y recuperación de tormentas a nivel nacional.
Este proyecto, conocido como el Senate Bill 180, ya fue aprobado tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado del estado, y está actualmente a la espera de la firma del gobernador Ron DeSantis.
La iniciativa está diseñada para simplificar los procesos de permisos de construcción luego de desastres, además de mejorar la planificación de emergencias, la coordinación de recursos y la transparencia financiera.
Sin embargo, contiene disposiciones controvertidas que retrasarían, hasta octubre de 2027, la implementación de normativas locales más estrictas en la reconstrucción de viviendas dañadas por huracanes. Esto se aplicaría de manera retroactiva desde agosto de 2024.
Esta pausa temporal también impediría que los gobiernos locales en áreas declaradas zonas de desastre o ubicadas dentro de un radio de 160 kilómetros del paso de un huracán establezcan nuevas regulaciones de construcción durante el primer año después de estos eventos.
“Después de una tragedia, las personas piden acciones. Los legisladores y responsables de políticas sienten que deben aprobar una ley para evitar que vuelva a suceder”, comentó la representante estatal Fiona McFarland, defendiendo la pausa planteada por la legislación.
De acuerdo con la propuesta, los desarrolladores tendrían la libertad de reconstruir bajo los mismos códigos que previamente demostraron ser insuficientes para resistir estos fenómenos meteorológicos.
Además, el proyecto permite demandas contra gobiernos locales que intenten introducir regulaciones consideradas excesivas o restrictivas en el proceso de recuperación. Organizaciones como 1000 Friends of Florida han expresado preocupaciones significativas al respecto.
Paul Owens, presidente de la organización, señaló en un artículo de opinión: “Asumiremos que los legisladores no se percataron del impacto profundamente dañino de esta disposición cuando votaron por el proyecto. Después de todo, la versión final tiene 48 páginas y más de 1.400 líneas de texto, con al menos 10 enmiendas añadidas antes de su aprobación”.
Un estado vulnerable
El trasfondo de esta medida se enmarca en un contexto de crisis en Florida, un estado altamente expuesto a desastres naturales relacionados con huracanes.
El impacto del cambio climático ha aumentado tanto la frecuencia como la severidad de estas tormentas, lo que no solo amenaza las propiedades de los residentes, sino que también impulsa al alza las primas de los seguros de viviendas, al transferirse los costos adicionales a los asegurados.
Esta combinación de factores ha complicado la capacidad de los legisladores de abordar los desafíos inmediatos de los ciudadanos, estabilizar la industria de seguros y desarrollar soluciones a largo plazo que respondan a los riesgos del futuro.
Entre quienes apoyan el Senate Bill 180, se encuentra el senador estatal Nick DiCeglie, quien enfatizó que el enfoque está en facilitar una recuperación sin complicaciones adicionales para las familias afectadas.
En un comunicado de prensa, explicó: “Estamos luchando para que las familias se concentren en reconstruir sin enfrentarse a retrasos o cargas adicionales, especialmente aquellas que han sufrido daños o han perdido sus hogares”.
Por su parte, el presidente del Senado de Florida, Ben Albritton, destacó los avances del estado en la gestión de desastres: “Florida ha establecido un estándar alto como modelo de respuesta y recuperación de tormentas a nivel nacional.
Estamos incorporando lecciones aprendidas y nuevas oportunidades para mejorar la restauración comunitaria y la gestión de desastres”, afirmó.
Aunque los defensores del proyecto aseguran que esta legislación no limitará drásticamente la capacidad de los gobiernos locales para regular el desarrollo en sus comunidades, los críticos temen que estas restricciones dificulten la implementación de medidas esenciales frente al creciente riesgo de desastres naturales.
DiCeglie está abierto a revisiones futuras de la ley, mencionando que, de ser necesaria alguna corrección, esta podría abordarse en la próxima sesión legislativa en enero.
El resultado final de esta legislación, tanto en sus beneficios inmediatos como en sus posibles consecuencias a largo plazo, dependerá de cómo sea implementada y si se realizan ajustes en función de las necesidades emergentes.
Mientras tanto, la atención está puesta en el gobernador DeSantis, quien tiene la decisión última sobre su aprobación.
Imagen: Infobae
