Hace unos días, y justo para aportar más controversia a la campaña presidencial. Un informe del Departamento de Seguridad Nacional, DHS (por sus siglas en inglés). Reconoció que el gobierno no tiene registro, ni sabe que ha pasado con más de 32 mil menores migrantes no acompañados que han llegado al país.
Por una frontera sin menores arriesgándose, la cifra no sólo es alarmante y dramática, sino que genera indignación en la comunidad internacional. Y entre los mismos americanos porque lo que evidencia este informe es lo que tantas veces se ha reiterado. Y es la profunda crisis humanitaria que se vive en el país por la desbordada inmigración y la poca capacidad del gobierno para atenderla.
Esta situación es un asunto de humanidad y es responsabilidad de todos los actores sociales. Las condiciones de inequidad en la que viven muchos países llevan a sus ciudadanos a tomar decisiones extremas.
No tiene justificación la decisión de un padre que somete a un menor a una arriesgada travesía en la que no se sabe si llegará a su destino o saldrá bien librado.
Según los registros, cerca de 450 mil menores no acompañados han ingresado en los últimos cuatro años, la gran mayoría, sin información sobre una cita para presentarse ante los tribunales para legalizar su proceso.
Se reconoce como un inmigrante menor no acompañado a un niño o niña menor de 18 años que no tiene un estatus migratorio legal y no tiene un padre o tutor legal en el país.
Recientes reportes de organizaciones como Save the Children. Revelan que más del 70% de los menores no acompañados tienen entre 15 y 17 años, y el porcentaje de los menores de 12 años que ingresan solos, ha aumentado más del 4% en los últimos 5 años.
Cuando finalmente los menores no acompañados llegan a la frontera. Son llevados a una oficina de reasentamiento de refugiados, donde permanecen bajo la custodia de las autoridades estadounidenses. Hasta que son transferidos a su nuevo destino que puede ser donde familiares. Casi siempre lejanos que residen en el país y asumen la responsabilidad de hacerse cargo de ellos.
En caso de no tener vínculos familiares, son llevados a centros de acogida o a familias que expresan la voluntad de hacerse cargo de ellos.
Es justo en este proceso de transferencia de un lugar a otro, donde ha faltado coordinación entre las agencias gubernamentales encargadas. Dejando que mucha información se pierda y no se conozca el destino final o la verdadera capacidad de los centros o familias que los acogen.
El riesgo sobre el que se ha alertado a nivel mundial. Es que muchos de estos menores pueden caer en redes de tráfico humano, de explotación sexual o laboral, además de estar expuestos al consumo de drogas y ser involucrados en acciones delictivas.
Es doloroso y vergonzante alertar sobre esta situación en un mundo. Donde los Derechos y la vida de los Niños son sagrados, y no deberían ser negociables.
Debería haber penalización en los países de origen para quienes exponen a sus hijos o menores familiares, a una travesía en la que no se sabe si habrá futuro.
Omaira Martínez Cardona
Periodista colombiana [email protected]
Imagen: ElPais
