El Capitolio analiza una iniciativa legislativa destinada a profundizar las atribuciones de la Corporación Financiera para el Desarrollo, que actuaría hacia adelante como un sistema de beneficios económicos y jurídicos destinado a contener la ofensiva comercial de China en América Latina.
La Corporación Financiera para el Desarrollo (DFC, su sigla en inglés), es el banco de desarrollo de los Estados Unidos que se asocia con las empresas privadas para promover la política exterior de la Casa Blanca y el libre comercio internacional.
Fue creada en 2018 por decisión de Trump -Ley BUILD-, y ahora está en suspenso por una orden ejecutiva del Presidente de los Estados Unidos. El Capitolio tiene previsto reformular las facultades de la Corporación y aumentar sus fondos en octubre, ya que hay cierto consenso entre las bancadas republicanas y demócratas.
Xi Jinping se apalanca en la Iniciativa de la Franja y Ruta para disputar la influencia de Estados Unidos en América Latina. El modelo de negocios del régimen chino es fácil de explicar: Beijing no busca beneficios económicos y no hay control de corrupción.
En este contexto, la competencia entre las empresas privadas de Estados Unidos y las compañías financiadas por China es casi imposible.
Y por eso, en el Capitolio ya se debate las eventuales facultades de la futura DFC, que implicaría -entre ellas- la creación de Zonas Económicas Estratégicas.
Cuando Trump habilite los fondos destinados la Corporación Financiera para el Desarrollo, la propuesta de los legisladores de ambos partidos es que estas zonas económicas estratégicas faciliten las inversiones de compañías de Estados Unidos en América Latina.
El Instituto Hudson organizó un debate para tratar las implicancias geopolíticas de la Corporación Financiera de Desarrollo. En el panel moderado por Daniel Battle estuvieron, Rob Mosbacher Jr -CEO de Private Investment Corporation-, Laura Burns -Senior Vice President for Political Risk, Willis Towers Watson- y Erick Brimen, CEO de Próspera.
“Si piensa en lo que una empresa estadounidense necesita para realizar una inversión de cientos de millones o incluso miles de millones de dólares a lo largo de varias décadas, necesita estabilidad y necesita el Estado de derecho”, opinó Brimen.
Y añadió: “Si se ofrece una solución que, en lugar de intentar reformar todo el sistema, permita crear estas zonas económicas estratégicas, les ofrece un umbral mucho más bajo, y creo que también les brinda la oportunidad de demostrar su seriedad. Es un paso hacia una reforma más amplia que permite probar políticas que se demostrarán con el tiempo, lo que crea una intención de desarrollo general detrás de esto, como un espacio donde se pueden probar buenas políticas a nivel nacional».
A su turno, Rob Mosbacher Jr describió la profunda ofensiva comercial que ejecuta China en la región, a través de financiamiento blando y la apertura de sus propios mercados comerciales.
“China se está aprovechando que Estados Unidos ha descuidado el área (por América Latina) y ha dejado el campo abierto. China ha invertido aproximadamente ciento treinta mil millones de dólares durante estos años, y las inversiones que han realizado abarcan desde infraestructura, instalaciones portuarias y similares, hasta una amplia variedad de minerales críticos”, sostuvo Mosbacher Jr.
Y agregó: “China es el mayor socio comercial de la mayoría de las grandes economías de la región, con la excepción de México y Colombia. Controlan tercios del sector energético en Chile. Controlan prácticamente toda la energía en Perú. Durante una conferencia sobre la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) en Beijing, Xi anunció más compromisos de infraestructura, habló de una línea de crédito de nueve mil millones de dólares, y contó con la presencia de tres jefes de estado: entre ellos Lula (da Silva) de Brasil».
Cuando promediaba el panel, Laura Burns centró la atención sobre los riesgos políticos que enfrentan las empresas de Estados Unidos cuando invierten en América Latina. Esos riesgos se transforman en una ventaja para las compañías chinas, que invierten para influir en los países receptores más que para obtener ganancias anuales.
“Investigamos junto con nuestro socio Oxford Analítica y, recientemente, realizamos una encuesta. Llevamos unos diez años realizándola sobre la percepción del riesgo político. En la encuesta de este año, que acabamos de publicar, más del 74 % de los inversores considera que el riesgo político, clasificado como el riesgo geopolítico, es el principal”, sostuvo Burns.
Y completó con un ejemplo:
“Tengo varias iniciativas en mi escritorio ahora mismo que quieren un proyecto energético en Bolivia y no lo harán, si no es por el seguro de riesgo político».
Desde esta perspectiva, Burns dio a entender que las nuevas atribuciones de la Corporación Financiera de Desarrollo deberían atender el riesgo político que enfrentan las empresas de Estados Unidos cuando deciden invertir en América Latina.
Si finalmente Trump habilita las partidas, el Capitolio podría tratar la futura normativa de la DFC en octubre.
Imagen: Infobae
