El gobierno de Estados Unidos introdujo una nueva política migratoria que podría afectar a un número considerable de inmigrantes que buscan la residencia legal a través de familiares, especialmente mediante el matrimonio.
- Esto significa que el hecho de tener una solicitud en trámite ya no ofrece una protección efectiva contra una posible remoción.
- USCIS explicó que “la actualización del manual de políticas introduce mayor integridad en los beneficios y brinda nuevas oportunidades de evaluación, estableciendo directrices para el proceso de decisión, incluyendo la obligación de entrevistas presenciales”.
- “Vemos a la administración Trump enviar un mensaje por todos los medios posibles a los inmigrantes no autorizados de que deberían considerar abandonar sus vidas en Estados Unidos y regresar a sus países de origen”, afirmó.
Según las directrices publicadas por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS), las autoridades podrán iniciar procedimientos de expulsión para quienes no tengan estatus legal vigente y soliciten la “green card” o residencia legal a través de un cónyuge.
El anuncio, realizado el lunes 4 de agosto y con vigencia inmediata, indica que la política aplica tanto a solicitudes pendientes como a nuevas tramitadas a partir del 1 de agosto. La medida también impacta a quienes buscan la residencia permanente por otras vías familiares, no solo por relaciones conyugales.
En el manual de políticas, el USCIS advierte que una petición familiar “no concede, por sí sola, un estatus migratorio ni impide la deportación”.
Esto significa que el hecho de tener una solicitud en trámite ya no ofrece una protección efectiva contra una posible remoción.
Según un análisis de datos del USCIS, en los primeros seis meses de 2025 se presentaron aproximadamente 520.000 peticiones conocidas como I-130, el paso inicial para el trámite de residencia legal a través de un familiar o cónyuge. Hasta junio, existían más de 2,4 millones de solicitudes de este tipo pendientes; 1,9 millones esperaban una respuesta desde hacía más de seis meses.
La abogada Elora Mukherjee, directora de la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Facultad de Derecho de Columbia, subrayó la magnitud de la medida: “esta es una de las vías más importantes que tienen las personas para ajustar su estatus migratorio y obtener la residencia legal en Estados Unidos”. Agregó que ahora el USCIS “parece facultado para iniciar procedimientos de expulsión contra un solicitante en cualquier momento del proceso”.
Mukherjee advirtió que hasta el momento, las familias no esperaban comparecer ante un tribunal migratorio durante el trámite, excepto en circunstancias graves, como violaciones criminales. Según su visión, la nueva directriz podría “generar miedo en familias inmigrantes, incluso aquellas que están cumpliendo con todos los requisitos legales”.
USCIS explicó que “la actualización del manual de políticas introduce mayor integridad en los beneficios y brinda nuevas oportunidades de evaluación, estableciendo directrices para el proceso de decisión, incluyendo la obligación de entrevistas presenciales”.
El organismo argumentó que este cambio busca “garantizar la integridad del sistema migratorio de Estados Unidos” mediante una “evaluación exhaustiva que prevenga, detecte y desarme fraudes y amenazas a la seguridad nacional y a la seguridad pública”.
Además, se justificó que las solicitudes familiares fraudulentas “erosionan la confianza en los mecanismos familiares para obtener la residencia legal y debilitan el sistema migratorio”. El USCIS sostuvo que solo relaciones “auténticas, verificables y de conformidad con todas las leyes” deben permitir el acceso a la residencia.
Julia Gelatt, subdirectora del Programa de Política Migratoria en el Migration Policy Institute, sostuvo que el cambio es coherente con la agenda de deportaciones masivas promovida por la administración Trump.
“Vemos a la administración Trump enviar un mensaje por todos los medios posibles a los inmigrantes no autorizados de que deberían considerar abandonar sus vidas en Estados Unidos y regresar a sus países de origen”, afirmó.
Gelatt agregó que las consecuencias del cambio de política también podrían afectar a personas “cuyo visado legal expiró mientras esperan la resolución de la green card, a los Dreamers, y a centenas de miles de inmigrantes amenazados por la posible cancelación de vías temporales que se implementaron bajo el gobierno de Biden”. Según su análisis, “muchas personas están perdiendo estatus migratorio y esta acción elimina una de las alternativas para permanecer en el país”.
Por su parte, Mukherjee destacó que, si se aplica la nueva política con rigor, “será un cambio radical en la aplicación de la ley migratoria y desalentará a personas que, siendo elegibles, buscan regularizar su situación”.
Imagen: Infobae
