Los abogados que representan a los inmigrantes trasladados en avión a Martha’s Vineyard hace casi dos años por el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Pueden demandar a la compañía de vuelos chárter que los transportó a la isla frente a la costa de Massachusetts, según un fallo emitido por un juez federal en Boston.
Los 50 venezolanos fueron enviados a Martha’s Vineyard desde San Antonio, Texas, y se les prometieron oportunidades de trabajo y vivienda.
Según el fallo, los inmigrantes pueden continuar con su demanda contra Vertol Systems Co., con sede en Florida. Que había acordado llevarlos en avión a la isla por cientos de miles de dólares.
Un correo electrónico enviado a la compañía en busca de comentarios después de la publicación del fallo por la tarde no fue respondido de inmediato.
En la demanda también se menciona a DeSantis, quien se postuló sin éxito para la nominación republicana a la presidencia antes de abandonar su candidatura en enero.
El Tribunal de Distrito estadounidense de Massachusetts dijo en su fallo que no tiene jurisdicción sobre DeSantis en este caso.
El tribunal, sin embargo, concluyó que los hechos del caso «en conjunto, respaldan la inferencia de que Vertol y los otros demandados atacaron específicamente a los demandantes porque eran inmigrantes latinos».
La administración de DeSantis señaló que la orden de los jueces desestimó a los acusados estatales.
«Como siempre hemos dicho, los vuelos se realizaron legalmente. Y fueron autorizados por la Legislatura de Florida», dijo en un comunicado Julia Friedland, subsecretaria de prensa de DeSantis. «Esperamos con ansias el próximo vuelo de reubicación de inmigrantes ilegales de Florida. Y nos complace llamar la atención nacional sobre la crisis en la frontera sur».
El tribunal también dijo que «a diferencia de los agentes de ICE que hacen cumplir legítimamente las leyes de inmigración del país… El Tribunal no ve ningún propósito legítimo para arrestar a personas altamente vulnerables con falsos pretextos e insertarlos públicamente en un debate nacional divisivo».
Iván Espinoza-Madrigal, director ejecutivo de Abogados por los Derechos Civiles. Calificó el fallo de 77 páginas como una gran victoria en el caso de Martha’s Vineyard.
Dijo en un comunicado que el fallo envía el mensaje de que las empresas privadas pueden ser responsabilizadas por ayudar a actores estatales deshonestos a violar los derechos de los inmigrantes vulnerables a través de lo que caracterizó como esquemas ilegales y fraudulentos.
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