La reciente aprobación de una nueva ley en el Congreso de Estados Unidos, conocida como la Ley Laken Riley. Ha generado preocupación entre defensores de los derechos de los inmigrantes y exoficiales de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta legislación permite a ICE detener a casi cualquier inmigrante indocumentado que sea acusado, detenido o condenado por delitos menores, incluso si no han sido condenados formalmente.
Detalles de la Ley
- Objetivo: La ley busca facilitar la deportación de inmigrantes que hayan cometido delitos menores, como hurtos o robos no violentos. Esto se alinea con la agenda del expresidente Donald Trump, quien ha prometido una campaña agresiva contra la inmigración indocumentada.
- Procedimiento: A diferencia de la normativa anterior, que requería condenas previas por al menos dos delitos menores para proceder con la deportación. Ahora basta con ser acusado o detenido por un delito menor. Esto podría llevar a detenciones más amplias y potencialmente injustas.
- Implicaciones: Exoficiales advierten que esta directiva elimina la discreción que anteriormente tenían los agentes de ICE para priorizar la detención de delincuentes más peligrosos, lo que podría resultar en un aumento significativo en las detenciones de inmigrantes inocentes.

Reacciones
La nueva ley ha sido criticada por organizaciones proinmigrantes, quienes argumentan que viola principios fundamentales como la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso. Juliana Macedo do Nascimento, directora adjunta de Activismo Federal de United We Dream Action, calificó el proyecto como «vergonzosamente explotador». Diseñado para cumplir con una agenda política que busca la detención masiva de inmigrantes.
Además, se señala que esta legislación podría desviar recursos y atención de casos más peligrosos hacia aquellos que cometen delitos menores, lo que podría afectar negativamente a las comunidades en general.
Conclusión
La afirmación de que una nueva ley permitirá a ICE detener a casi cualquier indocumentado plantea serias preocupaciones y requiere un análisis cuidadoso. Es crucial evaluar los hechos y las implicaciones de esta medida a la luz de las leyes existentes, las políticas gubernamentales y los derechos humanos.
Imagen: Opinion