La ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados enfrenta diversos desafíos legales, pero su mayor reto está ante la Corte Suprema, luego de que el gobierno del presidente Donald Trump pidiera bloquear este beneficio a ciertos extranjeros.
A finales de septiembre, a través del Procurador General, D. John Sauer, la Administración Trump pidió a los jueces del Máximo Tribunal revisar el fallo de la Corte de Apelaciones para el Noveno Circuito, la cual dictaminó en julio que la orden ejecutiva del presidente Trump era inconstitucional por violar la Decimocuarta Enmienda.
La corte de apelaciones, sin embargo, se apegó a una determinación previa de la Corte Suprema, que limitó las decisiones de tribunales de Distritos y de Apelaciones a las jurisdicciones que cubren.
En este caso, el Noveno Circuito decidió sobre una orden judicial de alcance nacional, afirmando que era necesario para obtener un alivio completo para los estados demandantes.
El 19 de febrero, la orden ejecutiva de Trump –firmada el 20 de enero– pretendía bloquear el derecho a la ciudadanía estadounidense a los hijos de inmigrantes indocumentados y de aquellos extranjeros con visas de no-inmigrante (turistas, estudiantes y trabajadores).
Hubo varias demandas en el país, tanto de estados gobernados por demócratas, como de organizaciones en defensa de los derechos civiles, de los inmigrantes y embarazadas que temen una afectación inmediata.
En junio, la Corte Suprema respondió a una petición “de emergencia” de la Administración Trump, pero no resolvió el tema de fondo, es decir, si es constitucional bloquear la ciudadanía por nacimiento a los hijos de ciertos extranjeros.
En su nueva petición ante el Máximo Tribunal, la Administración Trump también cuestiona la decisión del juez Joseph Laplante, en New Hampshire, quien bloqueó la orden de Trump, luego de una demanda de personas que advierten afectaciones directas.
El procurador Sauer no solicitó una petición de emergencia en esta ocasión, por lo que ahora los jueces del Máximo Tribunal deberán determinar si aceptan el caso –para el cual se necesitan cuatro votos—y, de asumirlo, es probable que el debate central ocurra en 2026.
El argumento central de Trump
El presidente Trump afirma que las decisiones previas de la Corte Suprema se enfocaron a los hijos de esclavos, no a cualquier persona nacida en EE.UU., por lo que busca que los jueces actuales sigan ese argumento.
“El derecho a la ciudadanía estadounidense consagrado en la Enmienda 14 nunca tuvo nada que ver con los intrusos modernos, inmigrantes ilegales que infringen la ley al estar en nuestro país; tuvo todo que ver con otorgar la ciudadanía a antiguos esclavos”, escribió Trump en Truth Social.
Otra decisión en Corte de Apelaciones
La decisión del juez Laplante, cuestionada por la Administración Trump, fue confirmada por la Corte de Apelaciones para el Primer Circuito, lo cual suma a la complejidad que enfrentan los jueces del Máximo Tribunal.
En el caso New Hampshire Indonesian Community Support versus Donald J. Trump, los jueces de apelaciones confirmaron la determinación del juez Laplante, luego de una demanda presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), la ACLU de New Hampshire, la ACLU de Maine, la ACLU de Massachusetts, Asian Law Caucus, el Fondo de Defensores de la Democracia y el Fondo de Defensa Legal en nombre de New Hampshire Indonesian Community Support, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) y Make the Road New York.
“Este fallo es la última reprimenda a los esfuerzos flagrantemente inconstitucionales del presidente Trump para eliminar la ciudadanía por nacimiento”, declaró Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, quien presentó los argumentos ante el tribunal. “De hecho, ningún juez ha aceptado los argumentos erróneos de la administración”.
Wofsy reconoció que la Administración Trump presentó nuevamente el caso ante la Corte Suprema, pero insistió en que “la Constitución es clara” al otorgar la ciudadanía a quienes nacen en EE.UU.
Al caso ganado en el Primer Circuito, los abogados de esta demanda presentaron un segundo caso relacionado, Barbara versus Donald J. Trump, la cual es una demanda colectiva y busca atajar la decisión de la Corte Suprema para limitar los fallos de cortes de Distrito. Este último caso es el presentado por la Administración Trump ante el Máximo Tribunal.
Otros de los abogados del caso New Hampshire Indonesian Community Support versus Donald J. Trump, reiteraron la claridad de la Enmienda 14 de la Constitución.
“La Constitución siempre ha sido clara: si naces aquí, eres ciudadano”, dijo Aarti Kohli, directora ejecutiva del Asian Law Caucus. “Durante generaciones, las familias inmigrantes han forjado sus vidas y contribuido a este país porque la ciudadanía por nacimiento significa que pertenecen aquí”.
Los defensores de inmigrantes insisten que esta batalla judicial busca proteger los derechos constitucionales de las familias migrantes y, principalmente, de los niños.
“Todo niño nacido en territorio estadounidense es ciudadano de Estados Unidos”, dijo Tianna Mays, directora legal del Fondo de Defensores de la Democracia.
Harold Solis, codirector legal de Make the Road New York, advirtió que esta cruzada para bloquear la ciudadanía por nacimiento es un esfuerzo más de la Administración Trump contra los inmigrantes, cuyas familias mixtas enfrentan una política de deportaciones masivas.
“Mientras la administración Trump continúa su cruzada contra los inmigrantes, una vez más, este fallo afirma un derecho constitucional: los niños nacidos en Estados Unidos no pueden ser despojados de su ciudadanía estadounidense”, acotó Solís. “En los últimos meses, hemos presenciado los repetidos intentos de esta administración de eludir la Constitución, privar de derechos a las personas y poner en peligro los cimientos de nuestra democracia”.
Imagen: DiarioNY
