Un informe basado en cifras del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Syracuse, expuso la magnitud de los retrasos y congestionamiento en los tribunales de inmigración de Estados Unidos. Las cifras dejan ver una acumulación histórica que afecta millones de expedientes.
Los tiempos de espera siguen creciendo y que ciertos estados concentran una proporción significativa de los casos sin resolver.
Un colapso creciente en la justicia migratoria
Los datos analizados por TRAC muestran que existen cerca de 3.7 millones de expedientes en espera de resolución en los tribunales migratorios, una cifra que incluye casi dos millones de solicitudes formales de asilo. Según el reporte, el caso promedio permanece pendiente alrededor de 636 días, un aumento superior al cinco por ciento respecto al año anterior.
Este retraso ocurre en un contexto de presión simultánea sobre la otra gran institución del sistema migratorio: el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), que enfrenta un récord de 11.3 millones de trámites pendientes. Varias categorías migratorias experimentaron tiempos de procesamiento aún más largos entre enero y marzo, lo que agrava la incertidumbre para miles de solicitantes.
Los estados con los mayores atrasos
El análisis estatal elaborado con datos de TRAC revela que la acumulación no se distribuye de manera uniforme. Según el desglose, Florida encabeza la lista con 523,295 casos pendientes, seguida por Texas con 410,944, California con 373,548, Nueva York con 338,388, Nueva Jersey con 223,871, e Illinois con 222,616.
En conjunto, estos seis estados reúnen una parte considerable del total nacional. Dentro de ellos, destacan tribunales con cargas especialmente altas, como el de Miami, que supera los 311,000 expedientes sin resolver. De acuerdo con TRAC, estas regiones manejan volúmenes tan grandes que las demoras pueden extenderse durante varios años.
Factores detrás del incremento en los retrasos
Especialistas señalan que el sistema enfrenta una combinación crítica de problemas: aumento constante de expedientes, reconfiguración de políticas migratorias y una reducción reciente en el número de jueces disponibles.
A principios de año había cerca de 700 jueces de inmigración, pero tras diversos despidos, incluidos ocho en la ciudad de Nueva York, la cifra bajó a menos de 600, según la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración.
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Amelia Wilson, profesora de derecho y directora de una clínica legal de inmigración, explicó al medio que la disminución del atraso nacional no necesariamente implica mejoras. Según dijo, parte de esa reducción se debe a restricciones más estrictas sobre quién puede acceder a audiencias completas, detenciones de solicitantes de asilo y deportaciones aceleradas. También advirtió que el reemplazo de jueces experimentados por abogados con poca o nula formación en derecho migratorio podría generar demoras más graves en la revisión de casos.
Impacto en los inmigrantes y en las instituciones
Para los solicitantes de asilo, el tiempo de espera promedio de 636 días significa años de incertidumbre respecto a su situación legal y sus posibilidades de reunificación familiar. TRAC señaló que, en cortes saturadas, se vuelve difícil evaluar con profundidad cada caso, lo que agrava la presión sobre un sistema que ya opera más allá de su capacidad.
Por su parte, USCIS, que se financia con las tarifas pagadas por los propios solicitantes, enfrenta sus propios embudos administrativos. El incremento de trámites sin procesar obliga a los inmigrantes a esperar mucho más por permisos de trabajo, tarjetas de residencia u otros beneficios esenciales.
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