Ante la presión ejercida por el gobierno federal, el Servicio Postal (USPS) podría estar colaborando con los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) al proporcionarles direcciones en las cuales puede localizar a inmigrantes candidatos a deportar.
El periódico The Washington Post dio a conocer que, algunos funcionarios consultados bajo la condición de no revelar su identidad, aseguran que la fuerza policial del USPS está participando en la operación de arresto y deportación de extranjeros carentes de estatus legal ordenada por el presidente Donald Trump.
Las fuentes consultadas coinciden en mencionar que el Servicio de Inspección Postal —unidad policial federal encargada de proteger al sistema de correo y combatir delitos como el fraude postal, tráfico de drogas o distribución de pornografía infantil— ha comenzado a colaborar con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para encontrar y deportar a inmigrantes.
Presuntamente, funcionarios del DHS habrían solicitado acceso a imágenes del exterior de sobres y paquetes, datos de rastreo postal, registros de cuentas en línea, tarjetas de crédito asociadas y direcciones IP.
Dicho tipo de vigilancia no está contemplada en las protecciones que establece la Cuarta Enmienda de la Constitución, la cual prohíbe registros e incautaciones sin razón.
En este sentido, debido a que los datos en el exterior del correo se consideran públicos, no demandan una orden judicial para recopilarlos.
Por ello, el objetivo del DHS consistía en reforzar la identificación y localización de personas viviendo en el país sin la documentación que avale su estancia.
“Bajo la presidencia de Trump, el Departamento de Seguridad Nacional utilizará todas las herramientas y recursos disponibles para asegurar nuestra frontera y expulsar a los inmigrantes ilegales de nuestro país. La seguridad de los ciudadanos estadounidenses es nuestra prioridad”, señaló en un comunicado.
De esta manera, como parte de la colaboración, personal de Servicio de Inspección Postal también habría participado en una redada para detener a inmigrantes llevada a cabo por agentes del FBI, la DEA y del IRS, la cual se efectuó en Colorado Springs, Colorado.
Las fuentes consultadas señalan que el USPS accedió a colaborar con las autoridades migratorias para tratar de que el presidente Trump descarte la posibilidad de desmantelarlo o bien privatizarlo.
Frente al nuevo rol asumido por cerca de 1,700 oficiales del Servicio de Inspección Postal, un amplio sector de inmigrantes carentes de estatus legal ahora ha comenzado a cuestionarse si resulta seguro o no enviar cartas y recibir paquetes.
Imagen: Opinion
