Un panel de tres jueces de la Corte federal de Apelaciones para el Noveno Circuito de California aceptó la solicitud de la administración de Donald Trump de suspender o pausar la orden anterior de un tribunal de distrito que había dictaminado que continuara aplicándose el Estatus de Protección Temporal (TPS) para 60,000 personas de Honduras, Nepal y Nicaragua.
La orden de la corte inferior había autorizado que alrededor de 51,000 hondureños, unos 6,000 nepalíes y casi 3,000 nicaragüenses pudieran continuar con el amparo migratorio que protege de la deportación, el 31 de julio, cuando ordenó posponer las órdenes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que terminaban el TPS para estos países, al menos hasta una audiencia sobre el fondo de la demanda programada para el 18 de noviembre de 2025.
La nueva orden de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito suspende el dictamen anterior y la audiencia.
Los beneficiarios nepalíes del TPS afectados por el fallo han vivido legalmente en Estados Unidos durante más de 10 años, mientras que los beneficiarios hondureños y nicaragüenses afectados han residido en EE.UU. por más de 26 años.
Las órdenes de terminación del amparo del TPS otorgan solo 60 días a los inmigrantes antes deque pierdan su estatus migratorio legal.
Los inmigrantes amparados por el TPS habían demandado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alegando que puso final al amparo, que los protege de la deportación, debido a “animosidad racial”
Los demandantes están representados por la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON), las Fundaciones de la ACLU del Norte y el Sur de California, el Centro de Derecho y Políticas de Inmigración (CILP) de la Facultad de Derecho de la UCLA y la Haitian Bridge Alliance.
En ese sentido, la subsecretaria del DHS Tricia McLaughlin argumentó a comienzo de mes que la cancelación del TPS responde a un mandato para “restaurar la integridad” del sistema migratorio.
“El TPS nunca se concibió como un sistema de asilo de facto; sin embargo, así es como lo han utilizado las administraciones anteriores durante décadas”, subrayó la funcionaria.
En contraste, Emi MacLean, abogada de la Fundación la Unión Estadounidense de Derechos Civiles (ACLU) del Norte de California, dijo en un comunicado enviado a La Opinión que el ataque del gobierno de Trump al TPS forma parte “de una campaña coordinada” para privar a los inmigrantes que no son ciudadanos de cualquier estatus legal.
“El fallo de hoy es un revés devastador, pero no es el fin de esta lucha. La protección humanitaria TPS es importante y no se puede diezmar tan fácilmente”, agregó la abogada.
Por su parte, Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Políticas de Inmigración de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) criticó la decisión del panel y advirtió que los demandantes “merecen algo mejor” de lo que los jueces determinaron.
El fallo del panel implica que los beneficiarios nepaleses del TPS perderán su estatus legal y autorización de trabajo de inmediato, y los beneficiarios hondureños y nicaragüenses del TPS perderán su amparo el 8 de septiembre.
Jessica Bansal, abogada de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), que promueve la Alianza TPS, indicó que el fin del amparo causará enormes dificultades a decenas de miles de familias, incluyendo a más de 40,000 ciudadanos estadounidenses que son hijos de beneficiarios del TPS.
La Administración Trump también ha cancelado el TPS a unos 350,000 venezolanos y al menos 500,000 haitianos, entre otros migrantes.
Imagen: Opinion
