En un anuncio realizado en Tampa, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, este estado propuso un plan innovador para que asuma un papel más proactivo en la aplicación de las leyes de inmigración, sin depender completamente del Gobierno federal. Este anuncio, marca un cambio significativo en la política migratoria del estado, permitiendo que la Guardia Nacional de Florida actúe como jueces en casos de inmigración, con el objetivo de agilizar el proceso legal de deportaciones. La iniciativa se presentó en un momento de crecientes tensiones y debates sobre las políticas migratorias en Estados Unidos, especialmente dentro de los estados con alta población de inmigrantes, como Florida.
La propuesta del gobernador DeSantis incluye el uso de más de 100 agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) como alguaciles adjuntos bajo el acuerdo conocido como 287(g). Este acuerdo les otorga a estos agentes la capacidad de actuar casi como oficiales de inmigración, permitiéndoles ejecutar órdenes federales y proceder con la deportación de individuos considerados peligrosos. Durante una conferencia de prensa, DeSantis destacó que este esfuerzo es único en el país, ya que permite a los oficiales estatales llevar a cabo operaciones migratorias “completamente independientes de los agentes federales”.
Contexto histórico y “Marea Negra”
La participación de Florida en la política migratoria no es nueva. El estado, que acoge a un número significativo de inmigrantes, según el American Immigration Council, ha sido un líder en la implementación de políticas alineadas con la administración del presidente Donald Trump. DeSantis ha señalado que las recientes leyes estatales han prohibido las llamadas “ciudades santuario”, una medida destinada a garantizar que todas las ciudades y condados cooperen con las autoridades federales de inmigración.
Una de las operaciones más significativas que reflejan este enfoque es la denominada “Marea Negra”. Llevada a cabo en colaboración con siete agencias locales y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), esta operación resultó en la detención de más de 1.120 inmigrantes, marcando un récord en el contexto estatal y subrayando la colaboración efectiva entre las fuerzas locales y el ICE. El gobernador describió esta operación como un modelo a seguir, en el cual las fuerzas locales desempeñaron un papel crucial en las detenciones y procesos iniciales de deportación.
Colaboración entre las agencias
El papel ampliado de la FHP bajo el acuerdo 287(g) ha suscitado diversas reacciones por parte de la comunidad legal y los defensores de los derechos humanos. Hujber, un abogado de inmigración en Boynton Beach, expresó su preocupación por la capacitación que los oficiales de la FHP están recibiendo, señalando la importancia de preparar adecuadamente a los oficiales para manejar detenciones y cuestionamientos relacionados con el estatus migratorio. Algunos agentes ahora trabajan en colaboración directa con agentes del servicio de Aduanas, viajando en conjunto para reforzar las operaciones.
La estrategia de DeSantis no solo busca ampliar el papel de la FHP, sino también aumentar la capacidad de detención del estado. A través de nuevos centros de detención y una red ampliada de agencias trabajando bajo el acuerdo 287(g), Florida espera incrementar su capacidad para abordar el número de inmigrantes indocumentados. Esta cooperación es parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para movilizar todos los recursos posibles en la ejecución masiva de deportaciones, un compromiso central de la campaña de Trump en 2024.
Florida se perfila como un precursor en la aplicación de la ley de inmigración, destacándose por su enfoque independiente y por su capacidad para actuar con mínima intervención federal. En una declaración reciente, DeSantis subrayó que al dotar de estas facultades a los agentes, se reducen los tiempos de espera para que el ICE intervenga en arrestos.
Imagen: Infobae
