Bukele ofrece su megacárcel para presos de EE.UU., tanto migrantes como estadounidenses
En un acuerdo calificado como «sin precedentes», el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, aceptó recibir en su megacárcel a migrantes indocumentados detenidos por crímenes graves en Estados Unidos y abrió la puerta incluso a albergar a presos de nacionalidad estadounidense.
«Ningún país ha hecho jamás una oferta de amistad como esta», declaró a la prensa el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, al finalizar la reunión con Bukele, quien se consolida así como el gran aliado regional de la nueva Administración de Donald Trump.
La megacárcel, a disposición de EE.UU.
Uno de sus principales objetivos era abordar con Bukele la posibilidad de cerrar un acuerdo, similar al que hubo en el primer mandato de Trump (2017-2021), para considerar a El Salvador como un Tercer País Seguro, lo que permitiría a Estados Unidos deportar allí a migrantes de otras nacionalidades, como los venezolanos.
El presidente salvadoreño recibió a Rubio en su espectacular residencia con vistas al lago Coatepeque, en el occidente del país, en una clara señal de amistad y de que las conversaciones iban por buen camino.
Tras el encuentro, Rubio anunció que El Salvador aceptará la deportación de migrantes indocumentados de cualquier nacionalidad que cometan delitos graves, y puso como ejemplo a supuestos integrantes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) o de la banda venezolana del Tren de Aragua.
Y en un gesto insólito, Bukele se ofreció incluso a albergar en sus cárceles a presos estadounidenses peligrosos, tanto los que tienen ciudadanía como los que tienen residencia legal en Estados Unidos.
Un acuerdo migratorio sin precedentes
Rubio lo calificó como un «acuerdo migratorio sin precedentes y el más extraordinario de cualquier parte del mundo».
Por su lado, Bukele detalló que el pacto consiste en aceptar el ingreso «únicamente de criminales convictos», incluso con nacionalidad estadounidense, en la cárcel de máxima seguridad de su país, llamada Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), donde cumplen condena miembros de las pandillas.
Según el presidente salvadoreño, se trata de una especie de «subcontratación» de la prisión, ya que se le cobraría una tarifa a Estados Unidos que facilitaría que el «sistema penitenciario sea sostenible».
Horas antes, Bukele y Rubio salieron a un balcón a observar las vistas del lago frente a la residencia del manadatario y allí fue donde, preguntado por la prensa, el presidente salvadoreño anticipó que habría acuerdo «sin precedentes».
«Es un acuerdo muchísimo mayor que no tiene precedentes en la historia de las relaciones, no solo de Estados Unidos con El Salvador, sino creo que con toda América Latina», agregó.
Bukele, el gran aliado del Gobierno de Trump
Bukele es, junto al argentino Javier Milei, el mandatario latinoamericano más afín a Donald Trump y, de hecho, fue el primer presidente de la región al que el republicano llamó después de ser investido.
La Administración de Trump ve como un ejemplo la estrategia de seguridad del Gobierno de Bukele, que ha reducido drásticamente la inseguridad en el país con medidas de mano dura policial y militar criticada por organizaciones de derechos humanos.
La anterior Administración de Joe Biden criticó en su momento a Bukele por buscar su reelección a pesar de la prohibición constitucional, aunque luego las relaciones se relajaron.
El presidente salvadoreño explicó que nunca ha ocultado su «simpatía» con Trump y, cuando fue vitoreado por parte de alguien que navegaba por el lago, dijo entre risas: «Tengo una aprobación del 80 %».
La sintonía y el ambiente distendido demostrado hoy fue mucho mayor que lo que se desprendió el domingo de la reunión entre Rubio con el presidente panameño, José Raúl Mulino.
Trump, abierto a enviar a otros países a ciudadanos de EEUU condenados por crímenes
«Si tuviéramos el derecho legal para hacerlo, lo haría sin dudarlo», declaró Trump a la prensa en la Casa Blanca.
Trump argumentó que trasladar a migrantes y ciudadanos condenados por crímenes graves a otros países y su megacácel sería «mucho menos costoso» para Estados Unidos que mantenerlos en sus cárceles y que, además, supondría un «gran elemento disuasorio» para evitar nuevos delitos.
Algunas organizaciones, incluidos expertos del Brennan Center for Justice, han cuestionado la legalidad de enviar a ciudadanos estadounidenses a otros países, ya que, a diferencia de los migrantes, están sujetos a garantías procesales recogidas en la Constitución de Estados Unidos.
