La jueza Allison D. Burroughs dictaminó que la terminación masiva de la libertad condicional (parole) fue ilegal, devolviendo temporalmente la protección a cientos de miles de migrantes.
En un fallo histórico que representa un revés para las políticas de la actual administración, la jueza federal Allison D. Burroughs, de la Corte de Distrito de EE. UU. en Massachusetts, ordenó este martes al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) restaurar el estatus legal de cientos de miles de migrantes que ingresaron al país mediante la aplicación CBP One.
La decisión judicial bloquea la medida del gobierno que había revocado de manera masiva e inmediata el estatus de libertad condicional (conocido como parole) a los migrantes que entraron bajo este programa creado durante la era Biden. La corte determinó que el DHS actuó de forma ilegal al cancelar estas protecciones «con un solo clic» y sin seguir el debido proceso que exige la ley estadounidense.
Más de 900.000 personas ingresaron legalmente a EE.UU. a través de la aplicación CBP One, que comenzó a programar citas para migrantes en puertos de entrada en Enero de 2023.
Muchos de los beneficiarios se les concedió libertad condicional, permitiéndoles permanecer en EE.UU. por dos años y obtener autorización de trabajo.
¿A quiénes beneficia esta medida?
Esta orden judicial protege a una amplia clase de inmigrantes, devolviéndoles la estabilidad necesaria para trabajar, mantener su vivienda y continuar sus casos de asilo. Específicamente, beneficia a:
- Usuarios de CBP One (2023-2025): Migrantes de diversas nacionalidades (con una alta representación de ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua) que utilizaron la aplicación móvil para programar citas en los puertos de entrada de la frontera sur.
- Personas con Parole Aprobado: Aquellos que se presentaron legalmente en la frontera, inspeccionados por las autoridades migratorias y recibieron formalmente el estatus de libertad condicional.
- Afectados por la revocación: Quienes recibieron notificaciones (generalmente por correo electrónico) a partir de abril de 2025 sobre la terminación de su estatus y que actualmente permanecen físicamente en Estados Unidos.
Nota importante: Es probable que esta orden no beneficie a quienes ya hayan sido deportados o a aquellos que ya lograron ajustar su estatus migratorio a través de otras vías permanentes.
¿Cuál es el proceso y qué deben hacer los migrantes?
La sentencia anula las notificaciones de terminación y exige al gobierno restablecer la legalidad del estatus anterior de forma inmediata. Sin embargo, se espera que el Departamento de Justicia apele el fallo.
Mientras el DHS revisa y ajusta sus procedimientos (lo cual podría tomar de 1 a 3 meses), este es el proceso recomendado para los migrantes afectados:
- Restauración automática por mandato: La corte ordenó la restitución del parole para todos los miembros de la demanda colectiva. Esto significa que, legalmente, el estatus vuelve a estar vigente de manera temporal mientras el DHS acata la orden y actualiza sus sistemas.
- Reunir y proteger la documentación: Los migrantes deben recopilar y guardar celosamente sus documentos originales de ingreso (como el formulario I-94), los correos de aprobación de CBP One, sus permisos de trabajo (EAD) y cualquier notificación del gobierno.
- Monitorear comunicaciones oficiales: Es fundamental estar atento a las notificaciones directas de USCIS o DHS respecto a la reactivación oficial de los permisos de trabajo y el estatus.
- Buscar asesoría legal de inmediato: La jueza aclaró que el DHS aún conserva la autoridad para cancelar el parole, pero debe hacerlo siguiendo los procedimientos legales correctos (evaluando caso por caso, no de forma masiva). Por ello, es vital consultar a un abogado de inmigración acreditado para buscar vías de protección permanente, como el asilo, antes de que el gobierno intente nuevas acciones legales.
El contexto del fallo
La actual administración había argumentado que poseía la autoridad ejecutiva para revocar los permisos otorgados por el gobierno anterior, ordenando la salida inmediata de hasta 900,000 inmigrantes.
Sin embargo, organizaciones de derechos civiles como Democracy Forward demandaron la medida calificándola de «cruel y desestabilizadora», argumentando que los migrantes siguieron la ley, esperaron sus citas y fueron inspeccionados legalmente.
El fallo de la jueza Burroughs les da la razón y frena por ahora las deportaciones masivas de este grupo.
