El condado de Miami-Dade ha retomado oficialmente el control de las tierras de «Alligator Alcatraz» del Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier, ubicadas en el corazón de los Everglades.
Este movimiento marca el fin de las operaciones estatales en el controversial centro de detención migratoria conocido como «Alligator Alcatraz», pero deja a su paso una estela de facturas millonarias y un delicado proceso de restauración ecológica.
La transferencia se completó esta semana tras una inspección conjunta entre el condado y la División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM), la cual confirmó los severos impactos ambientales en la zona.
Un proyecto de $1.200 millones de dólares
Construido e inaugurado de manera expedita en julio de 2025 bajo la administración del gobernador Ron DeSantis, el campamento se erigió como la principal instalación estatal para la detención de migrantes indocumentados.
Las implicaciones económicas de este proyecto han sido objeto de un intenso escrutinio:
- Costo de operación y construcción: Se estima que el proyecto alcanzó un costo total de $1.200 millones de dólares durante su único año de funcionamiento.
- Financiación y reembolsos: Aunque el estado de Florida utilizó inicialmente alrededor de $450 millones de sus propios fondos para evadir ciertas regulaciones ambientales federales, posteriormente recibió un reembolso de $608 millones por parte de FEMA (Agencia Federal de Manejo de Emergencias).
- El costo de la restauración: Ahora, Miami-Dade exige que el estado cumpla con su compromiso de financiar la remediación del terreno para devolverlo a su estado original.
Daños colaterales: El impacto en los Everglades
Más allá de los debates sobre derechos humanos que rodearon a las instalaciones, el daño físico al ecosistema de la Reserva Nacional Big Cypress ha sido catalogado como alarmante por grupos conservacionistas.
La inspección reveló alteraciones significativas provocadas por la rápida construcción de infraestructura pesada. Entre los daños colaterales documentados se encuentran:
- Pavimentación extensiva: Acres de carreteras recién pavimentadas sobre humedales sensibles.
- Infraestructura invasiva: Instalación de cientos de metros de vallas de alambre de púas y bases de concreto para las carpas.
- Contaminación lumínica y de residuos: Durante su funcionamiento, la iluminación nocturna visible a kilómetros alteró la fauna local, sumado a reportes previos de problemas de drenaje y gestión de aguas residuales en el campamento.
«El retorno de esta propiedad marca un punto de inflexión importante. Desde el principio fui clara en que estas instalaciones nunca debieron haberse construido», declaró la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.
¿Qué sigue para las 16.000 hectáreas?
Con los últimos detenidos reubicados desde junio, la prioridad inmediata de Miami-Dade es documentar detalladamente el daño para exigir responsabilidades financieras al estado.
La administración local está evaluando actualmente la posible venta o transferencia total de la propiedad para su conservación permanente, trabajando junto a socios tribales, federales y grupos ecologistas para integrar definitivamente estos terrenos al ecosistema de los Everglades, cerrando así uno de los capítulos políticos y ambientales más tensos de la historia reciente de Florida.
