La administración Trump ha intensificado de manera agresiva su reforma del sistema de inmigración estadounidense, implementando órdenes ejecutivas, proclamaciones y regulaciones que buscan restringir las vías legales, endurecer los criterios de elegibilidad para el asilo y aumentar el escrutinio sobre trabajadores, estudiantes y familias que ingresan al país.
Durante 2025, la Casa Blanca, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) emitieron una serie de medidas que, aún en espera de reglamentación y litigios, podrían redefinir quién puede permanecer, ingresar o solicitar la residencia permanente en Estados Unidos.
Entre las iniciativas, USCIS y DHS confirmaron que los ajustes de tarifas basados en la inflación entrarán en vigor el 1 de enero de 2026. Los cambios impactarán costos de solicitudes de asilo, libertad condicional, TPS, autorizaciones de trabajo y programas de viaje como ESTA y EVUS, aumentando el gasto para quienes buscan ingresar legalmente al país.
La administración también ha endurecido los criterios para visas de alta calificación, especialmente el programa H-1B. A través de proclamaciones y guías del DHS, se proponen estándares más estrictos para trabajadores altamente calificados y un mayor escrutinio de roles considerados en riesgo de desplazar a empleados estadounidenses.
Suspensión de la lotería de visas y nuevas restricciones
Tras un tiroteo en la Universidad de Brown, el DHS anunció la suspensión del programa de lotería de visas de diversidad. De forma paralela, se intensifica la revisión del estatus migratorio de ciudadanos de 19 países, incluyendo Venezuela, Cuba y Haití, generando preocupación por posibles demoras, revocaciones y riesgos de deportación.
La administración introdujo una tarifa adicional de $100,000 dólares para nuevas peticiones H-1B, lo que ha provocado demandas de universidades, empleadores y sindicatos, alegando que la medida excede la autoridad presidencial y dificulta el acceso al talento internacional. Además, se incrementa la documentación requerida y se endurecen los criterios de aprobación.
Los cambios afectarán también a los documentos de autorización de trabajo (EAD), eliminando extensiones automáticas y reduciendo la validez de cinco a 18 meses para solicitantes de asilo, tarjetas verdes y otras categorías, provocando interrupciones laborales y posibles pérdidas de ingresos para los trabajadores inmigrantes.
La administración Trump ha reducido además el límite de admisión de refugiados para 2026 a 7,500 personas, la cifra más baja desde el inicio del programa, con un enfoque selectivo en grupos específicos.
Las restricciones de viaje se ampliarán a 20 países, incluyendo Burkina Faso, Malí, Níger y Siria, mientras que los titulares de documentos de la Autoridad Palestina enfrentarán prohibiciones totales.
En medio de este panorama,el gobierno ha promovido la “Tarjeta Dorada”, un programa de visas de unmillón de dólares para inversionistas de alto patrimonio que buscan residencia permanente, y ha intensificado la contratación de abogados para actuar como jueces de deportación, ampliando la autoridad y alcance del USCIS hacia tareas de cumplimiento.
Expertos advierten que estas medidas reflejan una “militarización” de la agencia de inmigración, transformándola en un ente más enfocado en la restricción y control del acceso legal que en la facilitación de beneficios migratorios, y generan incertidumbre para solicitantes, empleadores y defensores en todo el país.
Imagen: Opinion
