El 2026 será el primer año del gobierno del presidente Donald Trump en que tendrá control absoluto del presupuesto federal y de los fondos destinados a inmigración, lo que permitirá a avanzar en el plan de deportaciones masivas que realiza la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
- En 2026, ICE podría tener en funciones a más agentes federales de los 10,000 que está en proceso de contratación, para aumentar las operaciones en las ciudades con mayor número de inmigrantes indocumentados.
- Trámites migratorios más complicados
- El TPS y otras protecciones llegan a su fin
- Para Gelatt algunos de los cambios en materia migratoria podrían ser más sutiles, pero con miras a un endurecimiento para otorgar protecciones a extranjeros, ya sea provisionales o permanentes.
- La orden ejecutiva de prohibición a 32 países ha llevado incluso a la suspensión de procesos de naturalización, como lo advirtió la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración (AILA).
- Una decisión clave: la ciudadanía por nacimiento
Sin embargo, la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) alista la implementación de nuevas políticas, que incluye el cambio de regla de carga pública para condicionar la Residencia Legal Permanente.
“Si bien los inmigrantes enfrentan una amplia variedad de circunstancias, creo que 2026 será un año más difícil para muchos”, adelantó Julia Gelatt, directora asociada del Programa de Políticas de Inmigración del Migration Policy Institute (MPI). “Para quienes no tienen un estatus legal seguro, es probable que las medidas de control migratorio se intensifiquen a medida que el ICE contrate más personal y obtenga espacio para detener a más personas”.
En 2026, ICE podría tener en funciones a más agentes federales de los 10,000 que está en proceso de contratación, para aumentar las operaciones en las ciudades con mayor número de inmigrantes indocumentados.
La Administración Trump también podrá hacer uso con mayor libertad de los fondos autorizados por republicanos bajo la llamada “Gran y Hermosa Ley” (BBB, en inglés) que asigna más de $170 mil millones de dólares para la aplicación de la ley migratoria, agregando 80,000 camas en centros de detención, además de la contratación de agentes.
“Las personas que se encuentran en el país sin autorización probablemente enfrentarán un mayor riesgo de arresto y posible deportación”, reconoció Gelatt.
Trámites migratorios más complicados
USCIS prepara la nueva regla de carga pública que, desde finales de noviembre, recibe comentarios públicos ante el Registro Federal, en un plan que busca castigar a los inmigrantes por el uso de ayudas sociales, como cupones de alimentos.
“La administración Trump y el Congreso también están dificultando la vida diaria de los inmigrantes sin tarjeta de residencia permanente (Green Card), al restringir su acceso a programas y apoyos financiados por el gobierno a los que las familias acceden en momentos de necesidad económica”, reconoció Galett.
Además, el DHS confirmó nuevas reglas para asignar las visas de trabajo H-1B, dejando a un lado la lotería de aplicaciones y enfocándose el perfil de los solicitantes. Los cambios en trámites migratorios podrían continuar.
“Es probable que veamos otros intentos de cambio que traspasen los límites de la autoridad ejecutiva, como la nueva tarifa de $100,000 para las visas H-1B obtenidas en el extranjero, o las revocaciones de visas de estudiante que vimos a principios de este año, ambas impugnadas en los tribunales”, expuso Gelatt. “Sin embargo, dado que el Congreso mantiene el control sobre el sistema de visas de EE.UU., gran parte del sistema de inmigración legal podría seguir funcionando con relativa normalidad”.
El TPS y otras protecciones llegan a su fin
A inicios de octubre, la Corte Suprema autorizó a la Administración Trump avanzar con el fin del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) para originarios de Venezuela, como parte de los esfuerzos para reducir el uso del llamado ‘parole’ o perdón temporal a la deportación.
“Algunas personas que actualmente cuentan con protecciones temporales, conocidas como Estatus de Protección Temporal (TPS), perderán dichas protecciones a principios de 2026”, adelantó la experta del MPI. “Y la administración Trump continúa dificultando que quienes buscan protección humanitaria en Estados Unidos obtengan dichas protecciones”.
Para la Barra de Abogados de la Ciudad de Nueva York (NYCBAR), que ha hecho una compilación de todos los cambios migratorios de la Administración Trump, existe una tendencia al desmantelamiento del sistema de inmigración.
“Las órdenes ejecutivas [del presidente Trump] y los cambios en las normas exponen a prácticamente todos los residentes estadounidenses que no son ciudadanos a posibles acoso, detención o deportación”, dice el reporte de la NYCBAR. “En muchos casos, las acciones de la administración impedirán que las personas presenten solicitudes legítimas para entrar o permanecer en Estados Unidos”.
Para Gelatt algunos de los cambios en materia migratoria podrían ser más sutiles, pero con miras a un endurecimiento para otorgar protecciones a extranjeros, ya sea provisionales o permanentes.
“Preveo cambios más importantes en la aplicación de las leyes migratorias que en los procesos de inmigración legal. Para los inmigrantes legales, los cambios podrían ser más sutiles. Estamos viendo que la administración Trump aplica una investigación más rigurosa a los posibles inmigrantes por motivos laborales y familiares, lo que está ralentizando el procesamiento y podría resultar en más denegaciones”, advritipo la experta. “Además, estamos viendo que la administración Trump está ampliando la prohibición de viajes impuesta durante el verano para restringir aún más la posibilidad de que las personas de países con prohibición de viajes obtengan visas, tarjetas de residencia o ciudadanía”.
La orden ejecutiva de prohibición a 32 países ha llevado incluso a la suspensión de procesos de naturalización, como lo advirtió la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración (AILA).
“El efecto dominó de estas políticas se sentirá en cada rincón de nuestra economía y en comunidades de todo el país”, advirtió Ben Johnson, director ejecutivo de la AILA en conferencia de prensa virtual. “Estamos hablando de ceremonias de naturalización canceladas, miles de nombramientos en el USCIS y el Departamento de Estado que podrían provocar casos de asilo y ajuste de estatus, autorizaciones de trabajo acortadas arbitrariamente y categorías enteras de personas que se encuentran repentinamente en una situación inestable”.
Una decisión clave: la ciudadanía por nacimiento
A más tardar en junio, la Corte Suprema decidirá sobre la orden ejecutiva del presidente Trump para bloquear la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados y otros extranjeros.
Los jueces del Máximo Tribunal decidirán sobre el caso Barbara v. Trump, presentado ante la Corte Distrito de New Hampshire, aunque otros casos podrían sumarse eventualmente, debido a que hay al menos siete demandas en proceso contra la Administración Trump.
El caso de “Bárbara” es similar al de millones de familias mixtas en Estados Unidos: es ciudadana de Honduras, reside en New Hampshire con su esposo y sus tres hijos menores.
“Bárbara tiene una solicitud de asilo pendiente ante el USCIS y reside en Estados Unidos desde 2024. Su esposo, padre de su hijo, no es ciudadano estadounidense ni residente permanente legal. Ella y su esposo esperan su cuarto hijo”, indica el documento judicial.
Si la decisión se decanta a favor de los argumentos de la Administración Trump, alrededor de 255,000 niños anualmente no adquirirían la ciudadanía estadounidense, según estimaciones del MPI y el Instituto de Investigación de Población de Penn State.
Imagen: Opinion
