En un operativo de cuatro días que ha intensificado la aplicación de leyes migratorias a nivel estatal, más de 350 inmigrantes han sido detenidos en Florida.
El vicegobernador Jay Collins anunció este viernes que la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, por sus siglas en inglés) lideró la operación, afirmando que los detenidos serán deportados.
La medida es parte de una controvertida estrategia del gobierno de Florida para utilizar a sus agencias estatales, incluida la FHP, en la realización de operativos migratorios, una función tradicionalmente a cargo de autoridades federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según el vicegobernador Collins, los agentes estatales están llevando a cabo controles migratorios diarios en las carreteras de todo el estado.
Los arrestos, según se ha informado, se han basado en infracciones de tránsito, como conducir sin una licencia válida del estado o incluso ser pasajero en un vehículo sin documentos migratorios.
Destino de los Detenidos
Aunque las autoridades estatales no han proporcionado un desglose completo de las nacionalidades o los lugares específicos de detención, se ha confirmado que los inmigrantes están siendo procesados y trasladados a centros de detención estatales.
El vicegobernador hizo referencia a dos instalaciones recientemente establecidas por la administración del gobernador Ron DeSantis: «Alligator Alcatraz», al oeste de Miami, y «Deportation Depot», en el norte del estado.
La situación en estos centros ha generado alarma entre cónsules y organizaciones de derechos civiles. El cónsul de México en Orlando, Juan Sabines Guerrero, informó un drástico aumento en el número de ciudadanos mexicanos detenidos, con 176 connacionales actualmente recluidos en «Deportation Depot», más del triple que la semana anterior.
Crecen las Críticas y la Preocupación
Organizaciones proinmigrantes y de derechos humanos han denunciado enérgicamente tanto los operativos como las condiciones en los nuevos centros de detención. Grupos como Democracy Now! y Human Rights Watch han calificado las instalaciones como «sitios clandestinos extrajudiciales» y han reportado condiciones «desgarradoras».
Activistas y abogados expresan su preocupación por la falta de transparencia en el proceso y el bienestar de los detenidos, denunciando que cientos de inmigrantes han «desaparecido» en el sistema de detención estatal, dificultando el acceso a representación legal y el contacto con sus familias.
Estas redadas se enmarcan en una política migratoria de línea dura por parte del estado de Florida, que ha buscado activamente capacitar a sus agentes bajo programas de colaboración con ICE, como el 287(g), para identificar y detener a inmigrantes indocumentados.
