La política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump en este segundo mandato se ha endurecido, ya que ha alcanzado ahora a los menores de edad, y varios estados están tomando medidas que podrían restringir el acceso de los niños indocumentados a las escuelas públicas.
Estas acciones forman parte de una serie de medidas más amplias contra la migración indocumentada en el país, que ha lanzado el presidente Trump desde el primer día de su mandato, cuando firmó varias órdenes ejecutivas que afectan a los indocumentados, que va desde el reforzamiento de seguridad en la frontera con México, cancelación el CPB One, hasta las redadas en iglesia y escuelas.
Trump autoriza redadas en iglesias y escuelas
Recientemente, Trump autorizó redadas migratorias en lugares que anteriormente estaban protegidos por la ley, como escuelas e iglesias, lo que ha generado un fuerte debate en el ámbito educativo.
Denver demanda por evitar redadas en escuelas
Mientras que algunas ciudades, como Denver, han presentado demandas para evitar que las redadas se lleven a cabo en distritos escolares, otros estados han tomado una postura contraria, buscando implementar restricciones más estrictas en línea con las políticas antiinmigratorias del presidente Trump.
Estados que buscan frenar asistencia de estudiantes indocumentados
En Tennessee, por ejemplo, los legisladores republicanos han expresado su apoyo a una propuesta que permitiría a los distritos escolares locales rechazar la matrícula de niños sin estatus legal en el país.
“Las comunidades de Tennessee no deben tener que sufrir ni pagar cuando el gobierno federal no asegura nuestras fronteras”, comentó el representante William Lamberth, quien respalda la medida.
El gobernador de Tennessee, Bill Lee, aunque no se ha pronunciado sobre la propuesta de ley, firmó una ley que permite que los estudiantes, excepto aquellos sin papeles, reciban ayuda económica para asistir a escuelas privadas. Esta medida refleja el creciente apoyo a políticas que limitan los beneficios educativos para los niños indocumentados.
Por su parte, en Indiana, un proyecto de ley busca autorizar a los distritos escolares a negar la inscripción a estudiantes indocumentados.
Además, establece que, en caso de ser necesario, el fiscal general del estado debería defender a las escuelas ante posibles demandas.
La ley también obliga a las escuelas a informar sobre el número de estudiantes sin papeles, su tasa de asistencia, y si reciben clases de inglés o de bilingüismo.
En Texas, un proyecto de ley similar exige que los distritos escolares comiencen a contabilizar a los estudiantes indocumentados a partir del próximo ciclo escolar. La propuesta tiene como objetivo que el estado solicite al Gobierno federal el reembolso de los costos asociados con la matrícula de estos estudiantes.
Oklahoma no se queda atrás, ya que el superintendente estatal republicano, Ryan Walters, ha propuesto que los estudiantes presenten pruebas de ciudadanía o de estatus migratorio al momento de la inscripción. Aunque no se prohibiría la matrícula de estudiantes indocumentados, las escuelas estarían obligadas a realizar censos de estos alumnos.
Esta medida ya fue aprobada por la Junta de Educación estatal, pero el gobernador de Oklahoma, Kevin Sitt, ha manifestado su intención de detenerla, argumentando que las autoridades deben enfocarse en perseguir a quienes cometen delitos, no a los estudiantes indocumentados.
Estas iniciativas reflejan el enfoque más restrictivo de varios estados frente a la educación de los menores de edad sin estatus legal, en el marco de la lucha continua de la administración Trump contra la migración indocumentada.
Sin embargo, la controversia persiste y la batalla por los derechos educativos de los menores migrantes está lejos de terminar.
Imagen: Opinion
