La propuesta de un impuesto del 5 % a las remesas enviadas desde Estados Unidos, que debate ahora la Cámara de Representantes, angustia a migrantes cuyas familias dependen de este dinero.
El gravamen, atado al polémico presupuesto federal que discute este miércoles la Cámara de Representantes con un futuro incierto, inquieta a inmigrantes.
El gravamen afectaría a más de 40 millones de personas, tanto indocumentadas como residentes con ‘green card’, y otros visados de no inmigrantes, según denunció el Caucus Hispano del Congreso (CHC).
Un 5 % con un alto costo
La iniciativa, parte del polémico plan presupuestario y fiscal que impulsa el presidente estadounidense, Donald Trump, y que la Cámara Baja debate esta semana, aplicaría un gravamen del 5 % a las remesas transferidas desde EE.UU. al exterior.
Esto impactaría a países como México, el segundo mayor receptor de remesas del mundo, y Nicaragua, Honduras y el Salvador, donde estos ingresos representan cerca de una cuarta parte de su producto interior bruto (PIB), según el Banco Mundial.
Aunque la tasa es del 5 %, esto se sumaría a otros gravámenes que ya se aplican, por lo que el costo de enviar 350 dólares de Estados Unidos a México pasaría de 6 a 23,5 dólares, según estimó una investigación del BBVA México.
Por estos datos, migrantes piden a sus gobiernos actuar contra el impuesto, como la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien denunció que el impuesto incumple un tratado vigente desde 1994 para evitar la doble tributación entre EE.UU. y México, que recibió un récord de casi 65.000 millones de dólares en remesas en 2024.
Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre en Miami, pidió a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que reaccione, al citar datos del Banco Central que muestran que estas remesas son el 27 % del PIB hondureño.
Un golpe contra los migrantes
Por ser el país con más inmigrantes, Estados Unidos es también la principal fuente de remesas del mundo, al concentrar una cuarta parte del envío total, con un estimado de más de 200.000 millones de dólares, según datos del Banco Mundial actualizados a finales de 2022.
Pero las voces de estos inmigrantes están lejos de ser escuchadas, Trump ha puesto todo su empeño para hacer que la propuesta de ley que incluye el impuesto a las remesas sea aprobado antes de julio.
¿Cómo se aplicaría este impuesto?
El impuesto se aplicaría a todas las transferencias de dinero al extranjero realizadas por no ciudadanos. Los proveedores de servicios de remesas, como Western Union o MoneyGram, serían responsables de verificar la ciudadanía del remitente y aplicar el impuesto correspondiente. Solo estarían exentos aquellos remitentes que puedan demostrar su ciudadanía estadounidense .
Por ejemplo, enviar $350 a México actualmente cuesta alrededor de $6 en comisiones. Con el nuevo impuesto del 5%, el costo total aumentaría a aproximadamente $23.50, lo que representa un incremento significativo en los gastos para los remitentes .
Impacto económico y social
Las remesas son una fuente vital de ingresos para muchos países, representando hasta el 30% del PIB en naciones como Haití, Honduras y El Salvador. La implementación de este impuesto podría reducir el flujo de remesas, afectando negativamente a las economías de estos países y a las familias que dependen de estos ingresos .
Además, se teme que el impuesto incentive el uso de canales informales para el envío de dinero, lo que podría aumentar los riesgos de fraude y lavado de dinero. También podría generar tensiones diplomáticas con países receptores de remesas, como México, cuya presidenta, Claudia Sheinbaum, ha calificado la propuesta como perjudicial .
Oposición y estado actual del proyecto
La propuesta ha generado oposición tanto dentro como fuera del Congreso. Un grupo de 24 congresistas hispanos demócratas ha solicitado detener la medida, argumentando que perjudica a millones de inmigrantes y a sus familias en el extranjero .
Actualmente, el proyecto de ley se encuentra en debate en la Cámara de Representantes. Se espera que el Congreso vote sobre la propuesta antes del 26 de mayo, con la posibilidad de que el presidente Trump la firme el 4 de julio, coincidiendo con el Día de la Independencia .
