La Administración del presidente Donald Trump comenzará y embargara los salarios de los prestatarios de préstamos estudiantiles que se encuentren en mora a partir de enero de 2026, retomando una práctica de cobro que estuvo suspendida desde el inicio de la pandemia de Covid-19.
La medida, confirmada por el Departamento de Educación, endurece la política federal sobre deuda educativa y afecta potencialmente a millones de familias en todo el país.
De acuerdo con las autoridades, alrededor de 1,000 prestatarios recibirán notificaciones de embargo administrativo de salario a partir de la semana del 7 de enero. Ese número crecerá progresivamente en las semanas y meses siguientes, conforme el Gobierno intensifique las acciones de recaudación sobre quienes acumulan atrasos prolongados en sus pagos.
Fin de la indulgencia tras la pandemia
Será la primera vez desde 2020 que una parte del salario de los deudores esté en riesgo de ser retenida de forma directa. Durante la emergencia sanitaria, el Gobierno federal suspendió los cobros forzados como parte de un amplio paquete de alivio económico.
Sin embargo, en mayo pasado, la Administración Trump puso fin a esas moratorias y reanudó el cobro de préstamos estudiantiles, incluidos aquellos en situación de impago.
Según datos oficiales, más de 42 millones de estadounidenses mantienen préstamos estudiantiles federales, con una deuda acumulada que supera los $1.6 billones de dólares. De ese total, más de cinco millones de prestatarios ya se encuentran en mora —definida como un retraso de al menos 270 días—, cifra que podría escalar hasta los 10 millones, de acuerdo con estimaciones de la Casa Blanca difundidas el semestre pasado.
¿Cómo funcionará el embargo?
El Gobierno federal cuenta con amplias facultades para recuperar deudas, lo que incluye la retención de reembolsos de impuestos, beneficios del Seguro Social y salarios.
En el caso de los préstamos estudiantiles, el Departamento de Educación puede embargar hasta el 15% del ingreso neto de un prestatario. La ley, no obstante, establece un piso de protección: los trabajadores deben conservar al menos el equivalente a 30 veces el salario mínimo federal por hora a la semana, unos $217.50 dólares.
Las autoridades aseguraron que los embargos se aplicarán solo después de que los prestatarios reciban avisos con al menos 30 días de anticipación y tengan la oportunidad de regularizar su situación.
El Departamento de Educación defendió la reanudación de los cobros al señalar que busca “proteger a los contribuyentes de asumir el costo de préstamos que los prestatarios aceptaron voluntariamente”.
Organizaciones de defensa del consumidor han criticado la decisión y exhortan a los deudores a contactar al Grupo de Resolución de Incumplimiento del Gobierno para explorar alternativas como la rehabilitación de préstamos y planes de pago más accesibles, antes de que el embargo de salario se haga efectivo.
Imagen: Opinion
