En lo que se perfila como la mayor revocación masiva de visas en la historia del país, la administración estadounidense se prepara para cancelar las visas de negocios y turismo de hasta 200.000 extranjeros. La medida apunta específicamente a aquellos individuos que ingresaron al país con estatus de visitantes a corto plazo, pero que posteriormente solicitaron asilo.
Los detalles de la nueva medida gubernamental
Según documentos del Departamento de Estado y confirmaciones de funcionarios estadounidenses, la decisión afectaría a los titulares de visas B1 (negocios) y B2 (turismo) que fueron emitidas entre los años 2016 y 2026. Se espera que el anuncio oficial se realice en las próximas semanas, en una acción coordinada directamente con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, confirmó la estrategia: «Estamos coordinando con el DHS para identificar y revocar las visas de no inmigrantes de extranjeros que han venido a los Estados Unidos afirmando ser visitantes a corto plazo, pero que luego solicitan asilo para quedarse aquí permanentemente».
Aunque Pigott se negó a dar un número exacto y definitivo, señaló que será un proceso continuo y que «el número de revocaciones sigue siendo dinámico y se hará de forma continua».
¿Significa esto una deportación inmediata?
Una de las principales dudas en torno a esta drástica medida es el futuro inmediato de los solicitantes de asilo. Según funcionarios estadounidenses, la cancelación de la visa de turista o negocios no resultará necesariamente en una deportación inmediata.
La mayoría de los afectados que actualmente tienen casos de asilo pendientes serán recategorizados dentro del sistema de inmigración. Podrán continuar con su proceso, pero perderán de forma irrevocable su estatus legal como viajeros de negocios o turistas.
El fin de las «lagunas legales»
La postura de la administración actual es clara: buscan frenar lo que consideran un abuso del sistema de visados. Christopher Landau, subsecretario de Estado, se pronunció al respecto en redes sociales señalando que el asilo «no se supone que sea una laguna legal para eludir la ley de inmigración» y añadió que existe hartazgo ante las «reclamaciones de asilo falsas» de quienes usan estas visas para ingresar al país con otras intenciones.
Cabe recordar que a los solicitantes actuales de visas B1 y B2 se les exige afirmar que no buscarán asilo y deben demostrar su intención de regresar a su país de origen tras su estancia temporal.
Un contexto de endurecimiento migratorio
Esta revocación masiva no es un hecho aislado. Durante el último año, la administración ha intensificado los controles y restricciones sobre los solicitantes de visas. Algunas de estas medidas incluyen:
- Revisión exhaustiva del historial en redes sociales de los solicitantes.
- Exigencia de costosas fianzas para procesar ciertas visas.
- Prohibición total de emisión de visas a ciudadanos de determinados países.
- Operativos contra el «turismo de nacimiento», la práctica de viajar a EE. UU. con el único fin de dar a luz para que el bebé obtenga la ciudadanía.
Además de estas nuevas medidas, en los últimos 18 meses, el Departamento de Estado ya había revocado aproximadamente 175.000 visas a personas acusadas o condenadas por delitos (desde conducir ebrios hasta robo) o a individuos que criticaron públicamente las políticas estadounidenses.
¿Qué sigue ahora?
Los expertos legales anticipan que, una vez que la medida se oficialice, enfrentará casi de inmediato múltiples desafíos y demandas en los tribunales por parte de grupos de defensa de los inmigrantes. Sin embargo, hasta que un juez no dictamine lo contrario, el Departamento de Estado y el DHS seguirán adelante con este escrutinio que cambiará el panorama migratorio de cientos de miles de personas.
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