El juez federal Joseph Laplante bloqueó a nivel nacional la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados.
Laplante tomó la decisión tras una demanda colectiva, una nueva estrategia que le dio la vuelta a la decisión de la Corte Suprema de limitar a los tribunales de Distrito para tomar decisiones con impacto nacional.
El juez Laplante accedió a la solicitud de abogados de los demandantes de certificar una demanda colectiva a nivel nacional, además de emitir el bloqueo a la orden ejecutiva de Trump.
“La orden preliminar no es una decisión difícil para el tribunal”, declaró el juez al argumentar que privar de la ciudadanía a un recién nacido en Estados Unidos “es un daño irreparable”.
La Administración Trump puede apelar la decisión, reconoció el juez designado por el expresidente George W. Bush, pero su decisión es relevante ante un nuevo escenario sobre demandas cuyas decisiones en cortes de Distrito puedan tener impacto nacional.
Laplante fue de los primeros jueces que decidieron en una primera oleada de demandas contra la orden ejecutiva de Trump, pero su determinación quedó bloqueada por la Corte Suprema, la cual limitó el impacto nacional de cortes menores.
Con la nueva demanda colectiva, el juez Laplante abre la posibilidad de que la batalla en tribunales sobre la ciudadanía por nacimiento –y lo que señala la Enmienda 14 de la Constitución– llegue a una corte de apelaciones y, posiblemente, a la Corte Suprema, donde los jueces ahora sí podrían decidir sobre el fondo del asunto.
En este caso, entre los representantes de la demanda colectiva se encuentran una solicitante de asilo hondureña que reside en New Hampshire y espera un bebé para octubre, y un hombre brasileño que intenta obtener la residencia permanente legal y cuya esposa dio a luz en marzo.
Los abogados que representan a los demandantes argumentaron que de mantenerse la orden ejecutiva del presidente Trump, los recién nacidos hijos de indocumentados enfrentarán “estigma” y diversos problemas.
“Esos niños enfrentarán numerosos obstáculos para vivir en Estados Unidos, incluyendo el estigma y la posible apatridia”, indicaron.
La demanda fue acompañada por la ACLU de New Hampshire, la ACLU de Maine, la ACLU de Massachusetts, el Fondo de Defensa Legal, el Caucus de Derecho Asiático y el Fondo de Defensores de la Democracia en nombre de un grupo propuesto de bebés y sus padres sujetos a la orden ejecutiva de Trump.
Una decisión más por venir
A finales de junio pasado, tras la decisión de la Corte Suprema, otra demanda demanda colectiva fue presentanda ante al Corte de Distrito de Washington, D.C., donde se espera que pronto haya una decisión.
Esa demanda está liderada por un grupo de mujeres embarazadas: Maribel, Juana, Trinidad García, Mónica, Liza, Ashley, Andrea y Niurka.
“En última instancia, vamos a poder obtener protección a través de la demanda colectiva para todos en el país cuyo bebé podría estar potencialmente cubierto por la orden ejecutiva, suponiendo que tengamos éxito”, dijo entonces William Powell, asesor principal de ICAP.
Imagen: Opinion
