Colleen Kollar-Kotelly, jueza para el Distrito de Columbia, prohibió que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) intercambie cualquier tipo de información con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) encaminada a deportar a extranjeros carentes de estatus legal viviendo en Estados Unidos.
Mediante un fallo de 94 páginas con respecto a una demanda interpuesta por el Centro para los Derechos del Contribuyente de manera conjunta con otros grupos y en contra el IRS, la magistrada neoyorquina calificó como “ilegal” la transferencia de datos que exponga a los inmigrantes.
Bajo su perspectiva, existía una “probabilidad sustancial” de que el acuerdo de intercambio de información con ICE violara disposiciones del Código de Rentas Internas, lo cual implicaba ir en contra de la “política de estricta confidencialidad” del IRS y de ahí la decisión de prohibirlo.
“Los demandantes han demostrado que la divulgación por parte del IRS de información confidencial sobre las direcciones de los contribuyentes al ICE fue contraria a la ley”, señaló la jueza Kollar-Kotelly.
A principios de año, funcionarios de ICE le solicitaron al IRS más de 1.2 millones de registros donde, entre otros datos, aparecieran los domicilios de esos contribuyentes, su fecha de nacimiento, los números de identificación de huellas dactilares.
Lo controversial del asunto es que más de 47,000 de esos registros coincidían con perfiles de personas buscadas por ser inmigrantes sujetos a una posible deportación.
Cabe señalar que la ley establece que la agencia tributaria puede compartir datos personales para investigaciones o procesos penales federales, siempre y cuando haya obtenido el visto bueno de un tribunal o el titular de la agencia.
En este sentido, el fallo de Colleen Kollar-Kotelly le impedirá a ICE acceder a la información solicitada, lo cual complica su estrategia para enviar de regreso a extranjeros que considerada implican un riesgo para la seguridad nacional.
Al respecto, Skye Perryman, directora ejecutiva de Democracy Forward —organización sin fines de lucro que promueve la protección de la democracia en Estados Unidos—, emitió un comunicado calificando la resolución con un golpe en contra de la ilegalidad.
“Esta es una victoria importante para millones de personas en Estados Unidos cuya información se ha visto amenazada por la administración Trump-Vance, y representa la primera orden judicial contra este intercambio ilegal de datos. Pagar impuestos no implica renunciar al derecho a la privacidad”, indicó.
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