A un día de que los fondos para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) expiraran debido al cierre de gobierno, dos jueces federales ordenaron a la administración del presidente Donald Trump aplicar los fondos de contingencia para cubrir la ayuda.
- McConnell estima que la suspensión de fondos del SNAP resulta arbitraria y probablemente causaría daños irreparables, así que lo mejor es encontrar los recursos suficientes para que el programa continúe vigente al margen de que el gobierno lleve 31 días cerrado.
- “En esencia, la conclusión de los demandados de que el USDA tiene prohibido por ley financiar el SNAP porque el Congreso no ha aprobado nuevas asignaciones para el presente ejercicio fiscal es errónea.
- De hecho, el cierre de gobierno colocó a cerca de 42 millones de personas ante la posibilidad de perder la asistencia alimentaria brindada desde hace décadas.
El juez federal John McConnell, de Rhode Island, le ordenó al Departamento de Agricultura (USDA) distribuir a la brevedad el dinero adeudado a los beneficiarios del programa.
“El tribunal, de forma oral en este momento, ordena que el USDA distribuya el dinero de contingencia de manera oportuna, o lo antes posible, para que se realicen los pagos del 1 de noviembre.
Los $6,000 millones de dólares en fondos de contingencia son fondos asignados que, sin lugar a dudas, son necesarios para el funcionamiento del programa. El cierre del gobierno mediante la suspensión de fondos no elimina el SNAP. Simplemente elimina su financiación. No podría haber mayor necesidad que la prohibición total de fondos para las operaciones del programa”, indicó el magistrado.
McConnell estima que la suspensión de fondos del SNAP resulta arbitraria y probablemente causaría daños irreparables, así que lo mejor es encontrar los recursos suficientes para que el programa continúe vigente al margen de que el gobierno lleve 31 días cerrado.
“No cabe duda, y es indiscutible, de que se empezarán a producir daños irreparables —si no se han producido ya— por el terror que ha provocado en algunas personas la incertidumbre sobre la disponibilidad de fondos para comprar alimentos para sus familias”, enfatizó.
La orden de McConnell, surgió momentos después de que Indira Talwani, jueza que ejerce en Boston y supervisa el caso de los estados, emitió otra orden similar donde le exige al gobierno que a más tardar el lunes explique cómo utilizará los fondos de contingencia.
“En esencia, la conclusión de los demandados de que el USDA tiene prohibido por ley financiar el SNAP porque el Congreso no ha aprobado nuevas asignaciones para el presente ejercicio fiscal es errónea.
Por el contrario, los demandados están obligados por ley a utilizar la reserva de contingencia del SNAP previamente asignada cuando sea necesario y también tienen la facultad discrecional de utilizar otros fondos previamente asignados”, escribió.
Aunque la administración federal puede financiar el déficit de noviembre utilizando la denominada Sección 32, la cual otorga fondos provenientes de ingresos aduaneros, ambos jueces coincidieron en que la administración tiene discreción para decidir si lo puede llevar a cabo o no.
De hecho, el cierre de gobierno colocó a cerca de 42 millones de personas ante la posibilidad de perder la asistencia alimentaria brindada desde hace décadas.
Aunque el programa SNAP cuenta con un fondo de contingencia estimado en $6 mil millones de dólares, con un respaldo ante contingencias o interrupciones, dicha cantidad de dinero resulta inferior a los cerca de $9 mil millones de dólares que demanda el programa.
A principios de este mes, la administración Trump desvió $300 millones de dólares de ingresos por concepto de aranceles para mantener funcionando al programa de nutrición suplementaria que ofrece alimentos nutritivos, educación nutricional, apoyo a la lactancia y derivaciones a servicios de salud para mujeres embarazadas, en postparto o amamantando, y bebés y niños de hasta cinco años de bajos ingresos y en riesgo nutricional, el cual es conocido como (WIC).
Imagen: Opinion
