El conflicto por la financiación del gobierno estadounidense ya comenzó a tener consecuencias económicas sustanciales. Cada semana de cierre gubernamental le cuesta a la economía hasta 7.000 millones de dólares a la economía de Estados Unidos y recortar en 0,1 puntos porcentuales el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), según estimaciones del economista jefe de EY-Parthenon, Gregory Daco.
- De acuerdo con el último cierre registrado, el más largo en la historia estadounidense, desarrollado durante la primera presidencia de Donald Trump, el costo llegó a 11.000 millones de dólares, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO).
- Las consecuencias financieras de un cierre no solo descansan en los sueldos. Las agencias federales deben diseñar e implementar planes de contingencia, lo cual implica gastos administrativos adicionales.
- Un informe del Senado de septiembre de 2019 detalló que los tres cierres más recientes —2013, 2018 y 2019— tuvieron un costo de casi 4.000 millones para los contribuyentes estadounidenses: “al menos 3.700 millones en pagos retroactivos a los empleados federales licenciados y no menos de 338 millones en otros conceptos como costos administrativos, ingresos no percibidos y penalizaciones por intereses”, desglosó el comité que elaboró el reporte.
Este impacto obedece a la caída en el pago a empleados federales, demora en compras estatales y menor demanda en la economía. Al reabrirse el gobierno se recupera parte del daño económico, pero no todas las pérdidas se revierten, explica la consultora.
De acuerdo con el último cierre registrado, el más largo en la historia estadounidense, desarrollado durante la primera presidencia de Donald Trump, el costo llegó a 11.000 millones de dólares, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO).
Durante ese período, que se extendió por 34 días entre finales de 2018 e inicios de 2019, la CBO calculó que el PIB real del cuarto trimestre de 2018 se redujo en 3.000 millones de dólares (valores constantes de 2019). Para el primer trimestre del año siguiente, el daño se estimó en 8.000 millones respecto a lo esperado, considerando las cinco semanas de cierre parcial y el efecto del retorno a la actividad.
El efecto psicológico también resulta relevante. Datos de la Universidad de Michigan, consultados por EY-Parthenon, reflejaron que la suspensión de actividades en 2019 provocó “la mayor caída mensual en el Índice de Sentimiento del Consumidor” desde 2012. El ambiente de incertidumbre se suma a los perjuicios económicos directos.
Las consecuencias financieras de un cierre no solo descansan en los sueldos. Las agencias federales deben diseñar e implementar planes de contingencia, lo cual implica gastos administrativos adicionales.
Otros ingresos se ven comprometidos: “las agencias pierden las tasas que normalmente perciben de los visitantes a los parques nacionales o de quienes tramitan determinados permisos y visados”, puntualiza la cadena. Además, se generan costos extra en las contrataciones federales y en las indemnizaciones salariales a los empleados gubernamentales una vez que cesa el cierre.
Según las leyes federales vigentes, los trabajadores estatales reciben sus remuneraciones completas cuando la administración retoma operaciones normales, estén o no en servicio activo durante el cierre.
Solo en los días de cese, la CBO estima que el gobierno debe afrontar 400 millones de dólares diarios en sueldos de empleados licenciados, según una proyección citada por la Casa Blanca.
Un informe del Senado de septiembre de 2019 detalló que los tres cierres más recientes —2013, 2018 y 2019— tuvieron un costo de casi 4.000 millones para los contribuyentes estadounidenses: “al menos 3.700 millones en pagos retroactivos a los empleados federales licenciados y no menos de 338 millones en otros conceptos como costos administrativos, ingresos no percibidos y penalizaciones por intereses”, desglosó el comité que elaboró el reporte.
Los datos de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), que calculó que en el cierre de 2013, de 16 días, los trabajadores gubernamentales recibieron 2.500 millones en remuneraciones y beneficios por jornadas no trabajadas, a lo que se agregaron 10 millones en intereses de demora y pérdida de tasas estatales.
Para la crisis de 2025, la administración de Donald Trump ha marcado una diferencia. El propio presidente y el vicepresidente JD Vance, respaldados por el director de la OMB, Russell Vought, advirtieron que si el cierre se prolonga comenzarían los recortes de empleos estatales (“Reducción de Fuerza” o RIF). “Iniciaremos recortes de personal en dos días si la situación no mejora”, confirmó Vought a legisladores republicanos.
En palabras del presidente Trump, “mucho bueno puede salir de los cierres. Podemos realizar ajustes durante el cierre que ellos no puedan revertir, cosas como la eliminación de grandes cantidades de empleados y de programas que prefieren”.
Imagen: Infobae
